La Fundación ha pedido la suspensión de dicho acuerdo en un recurso en el que sostiene que un gobierno en funciones no puede adoptar ese tipo de decisiones y que los tribunales de justicia deben pronunciarse también sobre ese acuerdo como hicieron sobre el decreto de exhumación.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha admitido hoy el recurso y ha formado una pieza separada para ver si adopta medidas cautelares. Para ello, da tres días de plazo a la Abogacía del Estado para que se pronuncie sobre la suspensión del acuerdo que pide la Fundación Franco.
De acuerdo con la resolución del Supremo, a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado Pablo Lucas será ponente del actual recurso.
Para hacerlo, el Supremo ha dado veinte días al Ministerio de la Presidencia para remitir el expediente administrativo relativo al acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 11 de octubre en el que se decidió que la exhumación se realizará antes del 25 de octubre en una fecha que será comunicada con 48 horas de antelación a la familia.
El Ejecutivo tomó esa decisión después de que la pasada semana el Supremo levantara la última barrera judicial para llevar a cabo el desenterramiento y traslado de los restos de Franco al cementerio de Mingorrubio.
El alto tribunal, que ya había sentenciado a favor de la exhumación y reinhumación del dictador, levantó la suspensión cautelar que pesaba sobre tres recursos que todavía seguían vivos, uno de ellos de la propia Fundación Franco.
Ahora, de forma paralela a este recurso ante el Supremo, la Fundación Franco ha presentado un escrito de alegaciones ante el Gobierno en la que reitera la petición de la familia de que la exhumación del dictador se haga de acuerdo y que su féretro sea cubierto con la bandera nacional durante el traslado e inhumación y transportados a hombros de sus familiares y allegados.
La Fundación Franco, «como garante de su legado político y social» demanda también la presencia de su patronato en los solemnes actos que se lleven a cabo «durante la Eucaristía y en el momento de la exhumación, traslado e inhumación» del dictador.
En su escrito al Gobierno, considera que el Consejo de Ministros se ha extralimitado de sus competencias al no esperar a la resolución del recurso contencioso-administrativo sobre la legalidad urbanística de la exhumación actualmente pendiente en un juzgado de Madrid.
Considera además, que la decisión del Gobierno de dar por concluido el procedimiento y ejecutar la exhumación viola el «principio de neutralidad política en período electoral» recogido en la Ley Orgánica Reguladora del Régimen Electoral General (LOREG).
1 comentario
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No me extraña que el Generalísimo diga que le están mareando con esto.de que un día sale otro no, es un sin vivir.