Monumento en homenaje a las Trece Rosas en el Cementerio de la Almudena. | Europa Press

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La Asociación Trece Rosas Asturias ha presentado en los juzgados de Madrid una demanda de conciliación, trámite previo a la presentación de una querella, contra el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, por las difamaciones que vertió contra el grupo de jóvenes fusiladas por el régimen franquista en 1939 que da nombre al colectivo.

Según ha señalado a Efe la presidenta de la asociación, Laura Díez, la demanda de conciliación reclama de Ortega Smith -diputado de Vox y miembro de la Diputación Permanente del Congreso por lo que sólo puede ser juzgado por el Tribunal Supremo- que se retracte de sus afirmaciones y, en caso de no hacerlo, continuará con la tramitación de la querella por un presunto delito de injurias y calumnias.

Ortega Smith afirmó durante una entrevista en Los Desayunos de TVE que Las Treces Rosas «lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente» y que «cometieron crímenes brutales en las checas» y, en caso de seguir adelante con la querella, la asociación reclamará una indemnización de 100.000 euros al dirigente de Vox.

Díez ha asegurado que, en caso de obtener esa compensación de los tribunales, dedicarían esos fondos a alguna actividad relacionada con la defensa de la memoria histórica como la exhumación de alguna de las numerosas fosas comunes que aún existen en España.
La presidenta de Trece Rosas Asturias ha señalado además que, desde que el pasado sábado anunciaran su intención de emprender acciones legales contra Ortega Smith han recibido numerosos correos electrónicos de apoyo a su decisión en los que se ofrecían donaciones para llevar adelante la querella.

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No obstante, Díez ha señalado que, pese a ser una asociación «muy pequeña» que se financia con la cuota de diez euros anuales que aportan sus miembros, que carece de sede y que no recibe ninguna subvención, sus socios han decidido no aceptar esas donaciones y pagar los gastos derivados del proceso judicial con sus aportaciones.

Este colectivo, creado en 2009 para velar por el cumplimiento de la ley de Memoria Histórica en 2009, la igualdad de género y la difusión de la cultura, había mostrado «su más enérgica repulsa e indignación» por las afirmaciones de Ortega Smith «carentes de cualquier soporte documental e histórico».

A su juicio, las manifestaciones del dirigente de Vox responden a su interés «por reescribir la historia reciente y sembrar entre los españoles la división y el alineamiento ideológico de capas de la sociedad instaladas en el revanchismo y la intolerancia».

Las trece jóvenes, doce de ellas militantes del PCE o las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), organización que agrupaba a las juventudes socialistas y comunistas, fueron fusiladas en Madrid el 5 de agosto de 1939, cuatro meses después del final de la guerra civil.

Dos días antes habían sido condenadas a muerte con la acusación de ser «responsables de un delito de adhesión a la rebelión» en un Consejo de Guerra sumarísimo contra 58 procesados y por el que fueron ejecutados también 43 hombres sin que se las acusara de los crímenes que les atribuye Ortega-Smith.