El presidente de Vox, Santiago Abascal (2d), el Secretario General, Javier Ortega Smith (i) y el cabeza de lista por Sevilla Francisco Serrano (d) y el torero Morante de la Puebla (2i) durante un acto en Sevilla. | Efe

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Vox ha presentado este martes un documento al PP con 19 propuestas para apoyar la investidura del candidato popular a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que incluye la petición de derogar la Ley contra la violencia de género andaluza, así como la de promoción de la igualdad y la de los derechos LGTBI y la expulsión de 52.000 inmigrantes sin papeles.

En este documento, que Vox ha dado a conocer en Twitter tras iniciarse la reunión que mantienen hoy en Madrid con el PP para negociar la investidura, el partido de extrema derecha asegura que no prestará tampoco apoyo parlamentario para la «implantación, asignación de presupuesto y/o desarrollo» de estas leyes, que califica de «ideológicas».

Según el partido que dirige Santiago Abascal, la ley 13/2007 debe ser sustituida por una de violencia doméstica «que no prejuzgue el sexo del agresor, respete adecuadamente la presunción de inocencia, no instituya una enorme burocracia 'de género' y no facilite la lluvia masiva de subvenciones a las asociaciones de feminismo supremacista».

Mientras pide la derogación de estas leyes y la de memoria histórica andaluza, Vox propone una ley para proteger la cultura popular y las tradiciones del mundo rural, que incluya el flamenco y otras expresiones folklóricas, y otra de protección de la tauromaquia y de la actividad cinegética.

Además plantea la salida de España de los 52.000 «inmigrantes ilegales» que según esta formación están en condiciones de ser expulsados porque la Junta de Andalucía ya posee la documentación necesaria para que abandonen el país. El partido encabezado por Santiago Abascal propone al PP «colaborar con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados», y asegura que la Junta dispone de documentación que podría suponer la expulsión de 52.000 «y no la comparte con la policía». También reclama, para «terminar con el efecto llamada», que se supriman las ayudas a los «inmigrantes ilegales» y que el Gobierno andaluz promueva la ilegalización de aquellas organizaciones que «cooperando con las mafias del tráfico de personas, favorezcan la inmigración ilegal». Otro planteamiento de Vox en relación con este asunto es «evitar el turismo sanitario» en colaboración con las Fuerzas de Seguridad y los consulados españoles en el extranjero.

El texto viene anunciado como las propuestas presentadas al PP para «iniciar las negociaciones encaminadas a lograr una investidura que ponga fin a 36 años de socialismo en Andalucía» y empieza por una declaración institucional de la Presidencia de la Junta «a favor de la apertura de un proceso nacional de devolución al Estado» de competencias.

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Entre ellas, las de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público, así como la propuesta de reforma para suprimir el término «realidad nacional» del Estatuto de Autonomía andaluz.

El segundo punto es también para reclamar una declaración institucional de la Junta «de condena al discurso de odio y exclusión que algunos líderes políticos y medios mantienen desde las elecciones del 2 de diciembre contra los votantes y representantes de Vox».
De esta manera, Vox mantiene sus principales demandas para apoyar la investidura de

Moreno, pese a que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha dicho que en la reunión de hoy solo se tratarían «líneas generales» y que cualquier cambio en la Ley de violencia de género tendrá que abordarse después de iniciada la legislatura.

Otra de las propuestas de Vox se refiere a Canal Sur, la radiotelevisión pública autonómica, aunque, en lugar de reclamar su cierre como hizo en un principio, pide que se reduzca su coste en al menos un 50 % y la eliminación de tres de los cuatro canales televisivos, así como liberalizar el régimen de concesión de licencias de radio y televisión.

En el ámbito educativo, Vox quiere implantar un «pin parental» para que los padres puedan «excluir a sus hijos de enseñanzas, charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones».

La reducción del gasto político y del «gasto redundante», con recorte de un 75 % en subvenciones a partidos políticos, sindicatos patronales; rebajas fiscales, medidas contra la inmigración ilegal y la creación de una Consejería de Familia y Natalidad, se incluyen también en este documento, entre otras cuestiones.