El juicio de los ERE de Andalucía queda visto para sentencia

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Vista general de la sala de la Audiencia de Sevilla donde se sigue el juicio de la pieza política del caso ERE contra 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

Vista general de la sala de la Audiencia de Sevilla donde se sigue el juicio de la pieza política del caso ERE contra 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

17-12-2018 | Raul Caro

El juicio de la conocida como pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares y que ha sentado en el banquillo de los acusados desde el 13 de diciembre de 2017 a 22 ex altos cargos de la Junta, como los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ha quedado visto para sentencia este lunes tras un año y cuatro días y 152 sesiones después.

A las 14,14 horas de este lunes el magistrado Juan Antonio Calle, el presidente del tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, tras el derecho de los encausados a la última palabra, del que ninguno de ellos ha hecho uso, ha dado por concluida la sesión y ha quedado visto para sentencia esta pieza separada de la causa de los ERE denominada 'procedimiento específico', compuesta por 14.276 folios divididos en 38 tomos y siete tomos de anexos, recogidos en ocho discos compactos, y con tres discos con las declaraciones prestadas en la causa durante la instrucción.

Desde los últimos días de octubre el juicio ha vivido su fase final, con la exposición de las conclusiones definitivas e informes finales de las partes, Fiscalía, acusaciones del PP-A y Manos Limpias y las 21 defensas, pues cabe recordar que entonces las acusaciones retiraron sus cargos contra el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa.
Los 21 ex altos cargos están acusados por un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación. Si bien, algunos de ellos sólo han sido enjuiciados por prevaricación, como Manuel Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el exviceconsejero José Salgueiro, el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río, y se enfrentan a diez años de inhabilitación.

Por su parte, las solicitudes de pena van desde los seis a los ocho años de prisión para los acusados de prevaricación y malversación. En este grupo se encuentran José Antonio Griñán, la exconsejero de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex interventor general Manuel Gómez, el ex director general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Jacinto Cañete y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina, todos ellos se enfrenan a seis años de prisión y 30 de inhabilitación.

En este sentido, cabe recordar que en la fase de conclusiones, el Ministerio Público rebajó de ocho a seis años de prisión la solicitud de pena para dos de los encausados, en concreto a Cañete y Medina. Si bien, la acusación del PP-A, que han ejercido los abogados Luis García Navarro y Lourdes Fuster, mantuvieron su petición de ocho años para estos dos ex altos cargos.

De otro lado, los acusados que se enfrenta a una petición de ocho años de prisión son los exconsejeros Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, los directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, y los ex secretarios generales técnicos Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado.

El abogado de Manos Limpias, Rafael Prieto, retiró la acusación de malversación para todos los acusados y en su totalidad para Chaves, el ex interventor general Manuel Gómez y ex jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río.

LA PERICIAL, LA PRUEBA ESTRELLA IMPUGNADA

Termina un juicio en el que, tras la declaración de los 22 acusados --concluyeron en abril--, expusieron su testimonio más de 120 testigos, cuatro agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y nueve peritos a lo largo de las 152 sesiones desarrolladas en la vista oral, siendo la prueba estrella del juicio la pericial conjunta.

Esta prueba pericial, que se extendió durante más de seis semanas, mostró las opiniones diferentes y por lo general contradictorias entre los peritos pertenecientes a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y los propuestos por las defensas, y contó con el especial protagonismo del jefe del equipo de la IGAE, Ángel Turrión.

Además, esta prueba, «la base de las acusaciones», según han expresado muchas de las defensas en sus informes finales, ha sido impugnada por el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, que ejerce la representación procesal del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, por tratarse de una pericial «judicial». Esta decisión ha contado con la adhesión de gran parte de las defensas.

«UNA EXPERIENCIA VITAL»

Tras concluir el informe final del ex director general de Presupuesto Antonio Lozano, el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha abierto el turno de derecho a última palabra de los 21 ex altos cargos encausados, que no han hecho uso del mismo, si bien todos ellos han dado a las gracias a la Sala, siendo la fórmula usada por la mayoría de ellos: «Nada que añadir, señorías, muchas gracias».

No obstante, los dos expresidentes han añadido algunas más. Así, Chaves, el cuarto en ser llamado por el tribunal, ha afirmado que no tenía «nada que añadir, salvo expresar el reconocimiento a la labor del tribunal y que las intervenciones de la Fiscalía y los abogados de las defensas «ha sido un cúmulo de conocimiento e información, una experiencia vital».

Por su parte, Griñán ha mostrado su «pleno convencimiento y apoyo» a lo dicho por su letrado en agradecimiento al tribunal por su actuación y apoyo a la Sala.

AGRADECIMIENTO DEL TRIBUNAL

Los magistrados Juan Antonio Calle, Pilar Llorente y Encarnación Gómez, tras un juicio de un año y cuatro días, ha querido terminar la sesión 152 con unas palabras de agradecimiento a los fiscales anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández, a los abogados del PP-A y Manos Limpias y de todas las defensas, sobre todo, por su colaboración ante un juicio de esta «complejidad».
«Esta mutua colaboración entre tribunal y las partes es beneficiosa y necesaria para el buen fin de un juicio largo y complejo como éste, así como para evidenciar el buen funcionamiento de la Administración de la Justicia», ha manifestado Calle Peña.
Igualmente, ha resaltado «la consideración y el respeto» de todas las partes hacia el tribunal durante las largas sesiones del juicio. En este punto, ha tenido unas palabras concretas para el abogado José Rebollo, que ejerce la defensa de Manuel Gómez, quien, a pesar de su grave enfermedad, ha permitido que el juicio continuase sin suspensiones. «Deseamos su pronta recuperación», ha añadido.

CONFIADO EN UNA SENTENCIA «JUSTA» TRAS UN JUICIO «JUSTO»

«La dirección ejercida por el tribunal ha sido ejemplar, un modelo a seguir para el resto de macrocausas pendiente de celebración, donde gracias a la libertad con la que se ha permitido ejercer el derecho de defensa, todas las partes procesales hemos podido trasmitir sin cortapisas la totalidad de las tesis que sostenemos», ha expresado Juan Carlos Alférez, abogado de Jacinto Cañete.

En declaraciones a los medios, el letrado ha querido destacar «la humanidad del trato dispensado por la Sala a los acusados, quienes han sido liberados de la terrible pena de banquillo en la mayoría de las sesiones de este largo juicio», pues durante la fase testifical, pericial y documental estuvieron exentos de la obligación de estar presentes en el juicio, teniendo que volver para las conclusiones y informes definitivos de las partes.

Sobre el fondo del asunto, la defensa de Cañete confía «plenamente en que la sentencia será justa», al igual que estima que «el proceso ha sido justo y celebrado con todas las garantías procesales, sobre una materia a enjuiciar completamente alejada de la materia penal al uso y donde las acusaciones no han logrado probar lo hechos acusatorios objeto de enjuiciamiento», ha concluido.

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