Se trata del primer paso de los procedimientos de infracción que lanza Bruselas cuando los países incumplen el plazo para trasladar a las legislaciones nacionales las normas europeas, o lo hacen de forma parcial.
Junto con España, el Ejecutivo comunitario ha enviado cartas de emplazamiento a Bélgica, Bulgaria, República Checa, Estonia, Grecia, Croacia, Chipre, Lituania, Luxemburgo, Malta, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovenia.
Los gobiernos de todos estos Estados miembros disponen ahora de un plazo de dos meses para aprobar las disposiciones incluidas en la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo. Si incumplen este plazo Bruselas podría dar el siguiente paso (el envío de un dictamen motivado) y, si el problema persiste, elevar el caso a la Justicia europea.
La directiva en cuestión fue aprobada en marzo de 2017. Las capitales tenían que comunicar a la Comisión Europea que habían adoptado las reglas incluidas en esta normativa antes de 8 de septiembre de este año.
La Comisión Europea defiende que se trata de una legislación «crucial» de la lucha de la UE contra el terrorismo, puesto que incluye disposiciones que permiten condenar a aquellas personas que viajan al extranjero para cometer actos terroristas, entrenan para cometer este tipo de delitos o financian actividades terroristas.
Además, establece normas para garantizar que las víctimas del terrorismo tienen acceso a la información adecuada y la servicios profesionales y especializados de apoyo inmediatamente después de un ataque y durante tanto tiempo como sea necesario.
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