La ministra de Hacienda ve como «lo más probable» la vuelta a la senda de déficit de Rajoy

| Madrid |

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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i), junto con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, durante la reunión con los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i), junto con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, durante la reunión con los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

MARISCAL

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cree que el Ejecutivo no logrará los apoyos suficientes para poder aprobar su senda de estabilidad presupuestaria en un mes, por lo que cree que «lo más probable» es que se vuelva a la anterior del Gobierno de Mariano Rajoy, aunque ha mostrado su «mano tendida» a las formaciones para negociar.
Así lo ha señalado la ministra en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la que finalmente se ha suspendido la votación de los objetivos individuales de las comunidades autónomas tras el 'no' del Congreso del pasado viernes a la senda de déficit del Gobierno, aunque se ha informado de las entregas a cuenta.

«No hay ningún dato sobre la posición de las formaciones políticas, fundamentalmente del PP, que nos permita pensar que vaya a cambiar la senda con la que se van a elaborar los Presupuestos», ha indicado Montero, quien ha reconocido que salvo comunicación de «última hora» se volverá «lo más probable» a la senda anterior del Gobierno de Mariano Rajoy.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha retirado de su orden del día la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria individuales de cada región, tras el rechazo del Congreso el pasado viernes a la senda de estabilidad para el periodo 2019-2021 del Ejecutivo de Pedro Sánchez y techo de gasto de 2019.

El Congreso rechazó el pasado viernes los objetivos de déficit y deuda pública para 2019-2021 con los votos en contra del PP, Ciudadanos, UPN, Bildu, Foro Asturias y Coalición Canaria, y las abstenciones de Unidos Podemos, Compromis, ERC y PDeCAT, frente a los votos a favor del PSOE y PNV.

Ante el previsible nuevo 'no' del Congreso a la senda de Pedro Sánchez, los objetivos de déficit para las CCAA volverían a quedar determinados por la anterior senda del Gobierno del PP, más restrictiva, que contemplaba un déficit público del 1,3% en 2019, frente al 1,8% propuesto por los socialistas, y del 0,1% para las regiones, frente al 0,3% del Gobierno actual, con una diferencia de alrededor de 2.500 millones.

A este respecto, Montero ha advertido de que las administraciones más perjudicadas con la vuelta a la senda de Rajoy serán las comunidades autónomas y la Seguridad Social, y no el Estado, al tiempo que ha aclarado que la variación del 'techo de gasto' si se vuelve a la anterior senda sería pequeña y el incremento respecto al límite de gasto no financiero del año pasado permanecería en torno al 4,4%.

LLAMA A LA RESPONSABILIDAD

«Hago un llamamiento a la responsabilidad de las fuerzas políticas para acordar una senda más beneficiosa para los ciudadanos y terminar de transitar hacia la estabilidad presupuestaria», ha remarcado Montero, quien se ha mostrado abierta a la posibilidad de negociar la distribución de los objetivos de déficit entre las administraciones.

La titular de Hacienda ha lamentado que no se haya recibido «ninguna propuesta» respecto al déficit, salvo la de aumentar el gasto y los objetivos por parte de formaciones que se abstuvieron en la votación, algo que «no puede ser» ante el compromiso con Bruselas sobre la estabilidad presupuestaria.

Ha hecho especial hincapié en el rechazo del PP a la senda, ya que cree que «no se entienden sus argumentos» y que ha perdido la oportunidad de regenerarse al caer en «la peor de las escuelas políticas: la oposición desde el bloqueo y la incapacidad para aportar o ponerse de acuerdo en decisiones buenas para los ciudadanos», al tiempo que ha recordado que el PSOE «dio el do de pecho» y apoyó anteriormente la senda del Gobierno de Mariano Rajoy. En cualquier caso, ha afirmado que el Gobierno «no se detiene por esta cuestión y sigue comprometido con la mejora de financiación de las entidades territoriales.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA, EN SEPTIEMBRE

Por otra parte, Montero ha detallado que en la reunión del CPFF se ha pedido a las CCAA que impriman celeridad a los nombramientos del grupo de trabajo sobre financiación autonómica que empezará sus tareas en septiembre, y que las personas designadas cuenten con la confianza política de los gobiernos pertinentes para que se pueda avanzar en la negociación sobre el nuevo modelo de financiación.

La ministra se ha mostrado «optimista» en poder avanzar a un ritmo adecuado siempre con «voluntad de diálogo», si bien ha reconocido que se trata de algo «muy complejo» como para poder sacar un nuevo modelo de financiación autonómica este año.

«Si somos realistas, sabemos que no se va a poder solventar en el plazo de 5 o 6 meses, son legítimamente muchos los intereses que hay que intentar poner en común. Hemos empezado por lo que entendemos que más nos une», ha apostillado Montero, quien ha reprochado a su predecesor, Cristóbal Montoro, que no hubiese hecho «nada» en términos políticos convocando solo a grupos de expertos.

«ES NECESARIA LA APORTACIÓN DE CATALUÑA EN EL DEBATE»

Preguntada sobre la ausencia de la Generalitat de Cataluña en la reunión del CPFF, Montero confía en que vuelva a ser partícipe de los debates y ha hecho un llamamiento para que participe en los foros multilaterales donde se debate sobre financiación y objetivos de estabilidad.

«Es necesaria la aportación de Cataluña, el Govern tiene complicado explicar por qué no participa de algo que puede mejorar la vida de los catalanes», ha enfatizado.

En todo caso, ha afirmado que el Gobierno seguirá con la «mano tendida» y con «actitud de diálogo», recalcando, eso sí, que se necesita que Cataluña tenga «voz y voto» en decisiones que «competen a todos».

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