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El jefe de la CUP en el Parlament, Carles Riera, ha criticado la toma de posesión de Quim Torra como presidente de la Generalitat porque «acata el marco jurídicopolítico español», y ha añadido que «no es un paso positivo».

«Aunque sea una toma de posesión simbólicamente disruptiva es acatadora del marco jurídico español. No es un paso positivo ni lo que nosotros queríamos», ha sostenido en declaraciones al canal La Xarxa.

Quim Torra ha prometido hoy su cargo como presidente catalán «con fidelidad al pueblo de Cataluña», desde el Saló Verge de Montserrat del Palau de la Generalitat, en un acto atípico, desprovisto de la liturgia habitual y sin representantes del Gobierno del Estado.

El diputado de la formación anticapitalista ha afirmado que cuando Torra y Puigdemont establecen como prioridad el diálogo con el Estado se les ponen «los pelos de punta» y ha arremetido contra la idea de «desescalar el conflicto».

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«¿Cómo se entiende, si la única manera de avanzar es mediante el conflicto? Desescalar el conflicto en estos momentos es altamente preocupante», ha apuntado.

Riera ha afirmado que, si lo único que se pretende «es hablar de cómo solucionamos el tema de la represión y volvemos a la autonomía», se trata de «una derrota en toda regla», ya que «no es una desescalada» sino una «rendición».

Preguntado por un eventual acuerdo para aprobar los Presupuestos de la Generalitat, Riera ha contestado que a la vista del programa que expuso Torra en su investidura es «dificilísimo, por no decir imposible» llegar a un acuerdo para aprobar las cuentas.

«Queremos ser herederos del 1-O. Nos opondremos radicalmente a lo que son políticas autonomistas y conservadoras», ha advertido Riera, que ha añadido que las oportunidades de cambio «vendrán más de la presión que se haga desde fuera que de lo que se haga desde dentro».

Sobre la declaración ante el juez de la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montse Venturós, que tendrá lugar el próximo lunes, Riera ha manifestado que su formación encara la causa para que les sea favorable judicialmente y «llevando al límite las posibilidades de desobediencia y no acatamiento del poder político y judicial».