El exconsejero madrileño, exdirigente del PP y presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados (d), a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional. | Efe

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El exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados ha explicado en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que eran los expresidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González quienes controlaban directamente los nombramientos de los cargos al frente de la Comunidad de Madrid.

Según han informado a Europa Press fuentes presentes en el interrogatorio, el presunto cabecilla de la trama Púnica ha asegurado que en el caso de la extinta Arpegio, empresa pública del suelo vinculada a la trama, delegó su responsabilidad en el exconsejero delegado Eduardo Larraz, por orden directa de Esperanza Aguirre.

Larraz está investigado en la trama por las presuntas irregularidades en estas compañías y ya declaró en sede judicial para aclarar la procedencia de los 146 lingotes de oro, valorados en casi dos millones de euros, guardados en una cuenta en Suiza.

En relación al Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid, conocido como Plan Prisma, Granados ha asegurado que Aguirre decidió controlar directamente los fondos de esta partida, de modo que las adjudicaciones de las obras pasaron a depender directamente de Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Además, en un momento determinado de su interrogatorio, que ha comenzado a las 10.00 horas, ha afirmado que el expresidente Ignacio González y su sucesora en el cargo, Cristina Cifuentes, mantuvieron una relación sentimental, situándola entre los dirigentes con poder decisorio en Madrid.

Francisco Granados declara a petición propia ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 por la pieza relativa a la presunta financiación irregular de la formación popular madrileña.

Campañas con dinero público

El exconsejero madrileño Francisco Granados ha afirmado ante el juez que en las elecciones de 2007 y 2011 se estableció una estructura para reforzar las campañas de Esperanza Aguirre cuyos fondos cree que provenían de dinero público de la Comunidad de Madrid.

Fuentes presentes en la declaración han indicado que Granados ha dicho ante el juez que intuye que el dinero para pagar esa campaña de manera supuestamente irregular provenía de fondos de publicidad del Canal de Isabel II y de la propia Comunidad de Madrid.

Sin embargo, Granados se ha desentendido de esa financiación paralela porque, aunque era secretario general del partido, no ejercía como tal, y ha atribuido a Aguirre y a González el control de todo lo que se hacía en la Comunidad de Madrid.