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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, da por hecho que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y los excargos del Govern en prisión o fugados serán en primavera inhabilitados para ostentar un cargo público una vez el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dicte auto de procesamiento por rebelión.

En declaraciones a Antena 3, Catalá ha explicado que después de que Llarena firme dentro de uno dos meses el auto de procesamiento y antes de que haya sentencia firme «para otoño o final de año», la ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece que en delitos como el de rebelión, los procesados «se sacan de la escena de la representación pública y de ejercer actividades políticas».

De esta forma, se aplicaría automáticamente el artículo 384 bis de la LECrim que señala que «firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo, mientras dure la situación de prisión».

Preguntado por la situación en Cataluña, Catalá ha asegurado que se tiene que volver a poner «el reloj en marcha» para que en el plazo máximo de dos meses haya una investidura o la convocatoria de nuevas elecciones porque no se puede mantener «sine die» la situación actual.

El ministro confía en que el informe de los letrados del Parlament desbloquee el «limbo» político en Cataluña, ya que los procedimientos se establecen para que «pasen cosas».

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«Lo que ha sucedido en Cataluña tiene que llevar a la puesta en marcha del reloj para que en dos meses haya una investidura o unas nuevas elecciones, no podemos estar en el limbo permanente, en esta situación sine die», ha enfatizado el titular de Justicia, convencido de que la voluntad de todos los catalanes es «salir de este impás».

Respecto a los mensajes del expresident Carles Puigdemont enviados al exconseller Antoni Comín en los que afirma: «Esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado» o que «el plan Moncloa triunfa», Catalá ha asegurado que no existe ninguna estrategia y que es su manera de hablar para referirse a las decisiones de la Justicia.

«No es el plan Moncloa es el Estado de derecho», ha dicho el titular de Justicia que ve con poco recorrido jurídico las acciones legales que ha anunciado emprender Comín por la divulgación de la conversación a través del móvil con Puigdemont.

A juicio de Catalá, lo que está claro es que «nada volverá a ser igual ya» en Cataluña y que las decisiones del president del Parlament, Roger Torrent, indican que «quiere un camino distinto» al seguido por su antecesora Carme Forcadell.

El ministro ha negado que existan «pactos secretos» al margen de las reglas del juego, tal y como han apuntado algunos medios respecto a maniobras de la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Saénz de Santamaría, para que el exvicepresident catalán Oriol Junqueras, en prisión desde hace tres meses, asumiera la presidencia.