Forn niega haber llamado a la desobediencia y afirma que asumió el 155

| Madrid |

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El exconseller de Interior Joaquim Forn ha pedido a la Audiencia Nacional su puesta en libertad, aduciendo que ha asumido «sin aspavientos ni llamadas a la desobediencia» el artículo 155 de la Constitución y que las elecciones del 21D «apuntan más bien a soluciones de compromiso» en Cataluña.

El abogado de Forn, Daniel Pérez-Esqué, ha presentado un recurso de apelación ante la sala de la Audiencia Nacional en el que pide que revoque la decisión de la juez Carmen Lamela de enviarlo a prisión preventiva, junto a otros siete miembros del Govern cesado, en la causa en que lo investiga por rebelión, sedición y malversación.

En su recurso, la defensa de Forn arguye que no presenta riesgo de reiteración delictiva, dado que tras la aprobación del artículo 155 de la Constitución por parte del Senado «asumió la nueva situación jurídica y cesó en el ejercicio de su función pública, sin aspavientos ni llamadas a la desobediencia».

De la misma forma, Jordi Pina, abogado de los exconsellers de Presidencia y Territorio Jordi Turull y Josep Rull, presentó este lunes sendos recursos ante la Audiencia Nacional para pedir su excarcelación, alegando que habían acatado el 155, un argumento que ya esgrimió ante la propia Lamela su anterior letrado, Jaume Alonso-Cuevillas.

La defensa del exconseller pide a la Audiencia Nacional que valore el riesgo de reiteración delictiva, no a partir de lo declarado por el investigado sino por «hechos objetivos», y, en ese sentido, recuerda que tras la aplicación del 155 Forn acudió al Departamento de Interior, «reunió a todo el personal, se despidió del mismo, recogió todas sus pertenencias y no volvió más».

«Es esa realidad la única que puede tenerse en cuenta para valorar si acató o no su cese, y no declaraciones que pueda hacer en calidad de investigado, sin ninguna obligación de decir verdad», insiste el letrado de Forn.

En su recurso, el exconseller admite que las elecciones catalanas apuntan a «soluciones de compromiso y entente» ya que, argumenta, «a ello conduce de un modo casi inexorable la respuesta de la comunidad internacional y la vigencia de la norma», por lo que descarta que haya «elementos de pronóstico sólido de comisión de futuros delitos».

El recurso recalca además que es «absolutamente impensable» que Joaquim Forn intente fugarse para rehuir la acción de la justicia, teniendo en cuenta que el pasado 2 de noviembre se desplazó a la Audiencia Nacional desde Bruselas, «donde había acudido con otros miembros del Govern cesado», a presentar a las autoridades comunitarias «la situación política de la comunidad autónoma».

«En cuanto conoció por familiares que recepcionaron la citación viajó a España y acudió al llamamiento judicial», añade el recurso, en el que Forn alega que no dispone de «medios de riqueza» ni que con su conducta haya evidenciado «vocación de destrozar su vida y la de sus familiares más queridos».

Según el abogado de Forn, «en su hoja de ruta vital la aventura de la fuga es inimaginable», tras lo que manifiesta que el deseo del exconseller es «defenderse en buena y honesta lid y participar en el debate jurídico y fáctico» que plantea la causa investigada por la juez Carmen Lamela.

El recurso insiste en negar que Forn incurriera en los delitos de rebelión y sedición y subraya que, ante el referéndum del 1-O suspendido por el Constitucional, «la consellería de Interior participó a través de sus mandos operativos en el despliegue policial para hacer cumplir las resoluciones» del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

«No constan, ni pueden constar, por no haber acontecido nunca, conductas de nuestro mandante de abierta desobediencia a los mandatos del TSJC», ni «directa o indirectamente ligadas a la instigación o facilitación de un alzamiento público y tumultuario».

El letrado descarta también el uso de la violencia en el proceso independentista y sostiene que, en un marco democrático como el configurado por la Constitución, «son legítimos todos los fines políticos, incluso aquellos que resultan contrarios» a la propia Carta Magna.

En opinión de la defensa, «resulta notorio que el conflicto entre las instituciones gubernamentales y parlamentarias de Cataluña y las del Gobierno de la Nación no se han desarrollado en términos prebélicos», sin que la «demostración de apoyo social a través de manifestaciones populares» implique «una puesta en escena amenazante y preambular a la violencia».

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