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La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 64 años de prisión y el pago de multas por valor de 49 millones de euros para el exalcalde popular de El Ejido (Almería) Juan Enciso, por su presunta participación en una trama de saqueo al Ayuntamiento a través de la empresa ElSur, investigada en la operación Poniente.

En la calificación del Ministerio Público, se solicitan penas que suman 1.556 años para 50 acusados por un total de 362 delitos.

El fiscal ha solicitado además el pago de multas por un valor total de 883,9 millones de euros y el pago de indemnizaciones en favor del Ayuntamiento por valor de 71,4 millones euros y de 28,9 millones para Hacienda, según la calificación del Ministerio Público.

En el informe de la Fiscalía, de 207 páginas, señala que la empresa Abengoa habría obtenido 232,6 millones de euros por servicios de mantenimiento dentro del canon anual de ElSur y por servicios y obras fuera del mismo.

Por ello hay ocho miembros de empresas del grupo Abengoa que figuran como acusados.

En la calificación de la Fiscalía, se solicitan penas de 64 años de prisión y el pago de multas por valor de 49,8 millones de euros para el exalcalde de El Ejido (Almería) Juan Enciso, y el exinterventor municipal, José Alemán, acusados cada uno de ellos de los delitos de malversación de los caudales públicos, falsedad continuada en documento mercantil, contra la Hacienda Pública, cohecho pasivo propio continuado y prevaricación continuada.

Enciso militaba en el PP cuando como alcalde aprobó en pleno la creación de ElSur, si bien posteriormente abandonó esta formación y creo el Partido de Almería (PAL), con el que gobernaba cuando fue detenido en octubre de 2009.

La Fiscalía incide en que «a través de una red de empresas que se han ido sucediendo unas a otras, Abengoa ha venido siendo la propietaria del 70 % de las participaciones de ElSur» y dice que «estas sucesivas transformaciones perseguían un único fin, tratar de camuflar que la auténtica propietaria de ElSur es Abengoa».

Sobre el presunto aprovechamiento de Abengoa, asegura que como socio privado mayoritario de ElSur, «procedió, a través de sus directivos acusados en esta causa, a beneficiarse ilícitamente de esos ingresos a sabiendas de la naturaleza pública del dinero».

Sostiene además que Abengoa, a través de sus mercantiles Befesa y Aygesa, se ha «apoderado» de la cantidad de 31.089.484,59 euros con la sobrefacturación con servicios que en realidad no se prestaron y que «tenían como única finalidad el apoderamiento ilícito (...) de unos fondos que sabían eran de naturaleza pública».

El resto de la calificación se centra en los empresarios José Amate y Juan Antonio Galán, quienes habrían sobrefacturado, respectivamente, 24.688.222,63 y 15.649.200,99 euros, y el exinterventor José Alemán, quien «permitió, a cambio de grandes prebendas económicas, que los hechos tuvieran lugar».