Carme Forcadell saluda a su abogado, Andreu Van den Eynde, a su llegada al Tribunal Supremo. | RAFAEL MARCHANTE

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El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha ordenado, a instancias de la Fiscalía, vigilancia policial para la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los otros cinco investigados en ese tribunal hasta que declaren el día 9 de noviembre.

Fuentes jurídicas han informado de que Llarena ha acordado la suspensión de las comparecencias previstas para este jueves y viernes y su posterior aplazamiento a petición de todos los abogados de los diputados del Parlament, mientras que la Fiscalía no se ha opuesto a esta solicitud y lo ha dejado al criterio del juez.


Lo que sí que ha hecho la Fiscalía es pedir como medida cautelar la «vigilancia policial permanente» para los seis investigados hasta que comparezcan el próximo día 9, a la que ha accedido el magistrado.


Esa vigilancia no se realizará de forma presencial, sino mediante la localización del domicilio y de un teléfono móvil para que la Policía pueda tenerles localizados, con el fin de garantizar su puesta a disposición judicial, según fuentes del Ministerio Público.


Una medida cautelar que los letrados han calificado a la salida como «la menos invasiva» para sus defendidos, ya que no implica ningún seguimiento ni presencia policial en sus domicilios, aunque han querido dejar claro que no la consideraban «necesaria».

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De esta forma, el magistrado ha atendido tanto la petición de todas las defensas que, previo al inicio de las comparecencias, han solicitado al juez el aplazamiento alegando que necesitaban disponer de más tiempo para preparar sus estrategias, como la solicitud de la Fiscalía de acordar la vigilancia policial para todos ellos.

Los letrados de los diputados han explicado que su solicitud para aplazar las comparecencias se explica porque apenas ayer les fueron notificadas las citaciones judiciales respecto de una querella que la Fiscalía presentó el lunes y el Supremo admitió el martes.

Juan Moreno, abogado de Joan Josep Nuet, se ha mostrado «satisfecho» por el aplazamiento ya que, a su juicio, eso «garantiza el derecho de defensa» para preparar su estrategia en condiciones, si bien ha precisado que todos los abogados han solicitado un plazo mayor que el concedido por el magistrado.

Eso sí, el letrado ha explicado que su cliente no votó a favor de la tramitación de la declaración unilateral de independencia en el Parlament del pasado 27 de octubre (concretamente, no respaldó, como miembro de la Mesa, que esa propuesta se debatiera en el pleno) y que ese error debe llevar al archivo de la querella contra él.

Del mismo modo, los letrados han reconocido que la decisión del expresidente Carles Puigdemont, quien ha rehusado comparecer ante la Audiencia Nacional, perjudica a la estrategia de los demás investigados tanto en el TS como en la Audiencia Nacional.

«Por supuesto», ha respondido Javier Melero, que defiende a Lluís Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet, cuando ha sido preguntado sobre si considera que Puigdemont debería haber acudido este jueves a la Audiencia Nacional.