El Govern ha asegurado este jueves que seguirá adelante con la organización del referéndum convocado para el 1 de octubre, pese a las decisiones que adopte el Tribunal Constitucional (TC), mientras que el Parlament ha admitido a trámite la principal ley de desconexión, que podría aprobarse esta madrugada.
Después de las 16 horas de pleno de ayer, en las que se aprobó la Ley del Referéndum, que dio pie a que el Govern firmara el decreto de convocatoria del 1-O, hoy la dinámica de choque entre mayoría independentista y oposición ha seguido la misma pauta.
Junts pel Sí (JxSí) y la CUP han hecho valer su mayoría en el Parlament para forzar la inclusión en el orden del día del pleno del debate y votación de la Ley de Transitoriedad, mientras que la oposición ha desplegado tácticas dilatorias para postergar todo lo posible la aprobación de la principal ley de desconexión.
Los 71 votos a favor de JxSí y la CUP han sido suficientes para acordar la ampliación del orden del día, frente a los 60 votos en contra de la oposición y dos abstenciones de diputados del grupo de Catalunya Sí Que Es Pot.
Tras cuatro reuniones de la Mesa del Parlament, que habían interrumpido el pleno para analizar las peticiones de la oposición de reconsiderar la admisión a trámite de la ley, finalmente la presidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell, ha llamado a votar, pese a las quejas de Ciudadanos, PSC y especialmente PPC.
Se ha abierto un plazo de dos horas, hasta las once de la noche, para que los grupos presenten enmiendas a la ley, tras lo que podría empezar el debate, aunque si la oposición sigue intentando frenar la votación puede intentar forzar nuevas reuniones de la Mesa, como ocurrió en el pleno de ayer, que terminó a las dos de la madrugada.
La decisión del pleno del TC de suspender de forma cautelar la convocatoria del referéndum al admitir a trámite los cuatro recursos presentados por el Gobierno no ha cogido por sorpresa al ejecutivo catalán, que ha anunciado que no detendrá los preparativos del 1-O.
«No suspenderán la democracia en Cataluña, ningún consejo de ministros, ningún tribunal, ni ningún órgano desprestigiado», ha afirmado Puigdemont en una entrevista con el canal catalán de televisión 8TV.
En paralelo, el conseller de la Presidencia, Jordi Turull, avisaba: «Ya puede tronar, nevar o hacer mucho viento. Nosotros haremos esto porque es nuestro contrato con los ciudadanos de Cataluña».
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cree además que la reacción de Mariano Rajoy a la aprobación de la Ley del Referéndum demuestra que España «no es un régimen democrático», ante lo que Cataluña responderá con un «tsunami democrático» con «calles llenas de gente» para celebrar el 1 de octubre, ha dicho en TV3.
Puigdemont y el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, han comunicado ya por carta a los alcaldes catalanes que el Govern prevé utilizar para el referéndum los colegios electorales habituales y les da 48 horas para confirmar la disponibilidad de los locales.
Un total de 560 alcaldes de municipios catalanes, según el Govern, ya han mostrado su apoyo al referéndum firmando copias del decreto de convocatoria que rubricado ayer.
Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha preferido guardar silencio sobre si cederá locales para el 1-O, a la espera del auto del TC al respecto del referéndum y de lo que le digan los servicios jurídicos municipales.
La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha advertido a Puigdemont y al resto de miembros del Govern de que «nadie tiene carné de inmunidad» y ha criticado las cartas enviadas a los ayuntamientos para la cesión de locales para el 1-O.
El presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha pedido a los ayuntamientos que «no se atienda» la petición de Puigdemont y Junqueras y que «en ningún caso se colabore de forma directa o indirecta en la preparación de un referéndum ilegal».
Por su parte, el portavoz parlamentario de Catalunya Sí Que Es Pot, Joan Coscubiela, ha arrancado esta tarde una cerrada ovación de los diputados de Ciudadanos, PSC y PPC, puestos en pie al grito de «democracia», por su dura intervención contra los planes de JxSí y la CUP, que en cambio ha generado malestar entre diputados de su propio grupo, como el líder de Podem, Albano Dante Fachin.
El diputado de la CUP Benet Salellas ha afirmado, a su vez, que «las querellas de la Fiscalía General del Estado y las amenazas de los tribunales no nos dan ningún miedo ni condicionarán» la celebración del referéndum del 1 de octubre, en el que habrá «un desbordamiento democrático en las calles». EFE
rm/ce/pss
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07-09-2017, 21:18:00
1 comentario
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Espero que cuando la "justicia" aclare este desaguisado los costes los paguen los verdaderos culpables hasta el último céntimo. Aunque con la experiencia mostrada hasta ahora la "justicia" parece ser realmente demasiado ciega en determinadas ocasiones.