El expresident catalán, junto a las exconselleras Ortega y Rigau, sentados en el banquillo de los acusados por su partipación en la consulta soberanista del 9-N. | Alberto Estévez

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El expresident de la Generalitat Artur Mas ha asegurado que los 42.000 voluntarios que participaron en la consulta sobre la independencia de Catalunya el 9 de noviembre de 2014 «fueron elemento y pieza clave imprescindible de la organización del 9N» y sin ellos hubiera sido materialmente imposible, según sus palabras.

Ha explicado en el juicio que, después de que el Tribunal Constitucional (TC) suspendiera el 29 de septiembre varios preceptos de la Ley autonómica de consultas y la convocatoria de la consulta popular, hubo un cambio de formato en el que la administración «ya no tenía capacidad por ella misma de llevar a cabo el proceso participativo».

Según ha dicho, sobre todo querían hacer «algo serio y que se entendiera en todo el mundo», y que, ante un proceso de alta complejidad organizativa y logística, o se apuntaba mucha gente o no se hubiera podido llevar a cabo.

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Así, ha dicho que en ningún caso se hubiera podido llevar a cabo la consulta «sin la participación de los 42.000 voluntarios», y ha recordado que, en un principio, cuando pidió la participación de voluntarios para organizar la consulta, dijo que necesitaban 20.000.

Sobre la organización de la consulta, ha explicado que tenían un gran compromiso para hacerla porque era la voluntad «de una buena parte del pueblo de Catalunya», por lo que siguieron sin renunciar a su objetivo y cambiando el formato que el TC había puesto en cuestión.

Además, ha afirmado que el Constitucional no advirtió al gobierno catalán de las responsabilidades en que incurriría, en caso de mantener la consulta independentista del 9N, ni respondió a las peticiones de aclaración que le hizo llegar la Generalitat.

La Fiscalía piensa, en cambio, que Mas articuló «una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión acordada por el TC», generando la apariencia de que las actuaciones administrativas públicas se paralizaban y el proceso quedaba en manos de voluntarios, según consta en su escrito de acusación.