Los ministros de Empleo, Fátima Báñez (i); de Educación, Íñigo Méndez de Vigo; y de Fomento, Íñigo de la Serna (d); durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados. | Efe

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El pleno del Congreso ha convalidado el real decreto-ley que deja sin efectos académicos temporalmente las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato con el apoyo de PP, PSOE, Ciudadanos y otros, la abstención de Unidos Podemos y el voto en contra de las minorías de nacionalistas e independentistas.

También este miércoles la Cámara Baja ha aprobado, por asentimiento, la creación de la Subcomisión parlamentaria que buscará un Pacto de Estado Social y Político para una Ley Básica de Educación.

En el debate sobre el real decreto-ley, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado que el respaldo parlamentario de la norma sería «un primer paso, pero importante» hacia ese pacto.

El Consejo de Ministros aprobó esta reforma de la Lomce el pasado 9 de diciembre, entró en vigor el día 11 y tenía que ser refrendada posteriormente por el Congreso, como ha ocurrido ahora.

En el último pleno del año, han votado a favor 252 diputados, 18 en contra y 67 se han abstenido.

Entre los que han apoyado figuran Compromís, UPN, Foro y CC, algunos de ellos de manera crítica.

Por el contrario, ERC, PNV, PDecat y Bildu han querido argumentar que no podían apoyar la norma.

«El Gobierno quiere aprovechar este momento para llegar por vez primera a un pacto», ha resaltado Méndez de Vigo, que ha abogado por «prestar atención a toda la comunidad educativa» y luchar por una educación «equitativa e inclusiva».

El objetivo en esta Legislatura, ha añadido, es lograr «una ley educativa duradera, que no confronte y garantice la igualdad de oportunidades», ha añadido.

Sandra Moneo (PP) se ha felicitado por la convalidación y ha destacado el cambio de posición de algunos partidos, como el PSOE, pues ha variado «de un 'no' a una propuesta de pacto y diálogo»; ha defendido la «cultura de la evaluación» y recuperar un nivel educativo común para todos los alumnos.

José Juan Díaz (PSOE) ha dicho que este decreto saca las «reválidas» del blanco y negro, en alusión a épocas pasadas, pero el cambio debería haber sido hace tres años. Para derogar la Lomce, ha argumentado, hay que construir otra ley antes.

Marta Martín (Ciudadanos) ha defendido la convalidación para dar certeza a los alumnos y ponerse a trabajar por el pacto educativo «sin prisa, pero sin pausa». Ha añadido que el ministro ha sido «justo, inteligente y cumplidor con su palabra», en alusión al acuerdo de investidura firmado por su partido con el PP.

Joan Mena (Unidos Podemos) ha señalado que la reforma es simplemente «un maquillaje comprado sin rechistar por PSOE y Ciudadanos», ha recordado que el «compromiso» de la Cámara era «derogar» la Lomce y ha argumentado que votar a favor sería «legitimarla».

«Si tragamos este anzuelo, la Lomce seguirá vigente (...) con todos sus males y sin corregir sus defectos», ha enfatizado Joan Olòriz (ERC).

Joseba Agirretxea (PNV) ha pedido directamente la derogación de la Lomce, en lugar de modificaciones parciales y «mínimas» que no convencen a los nacionalistas vascos.

Miriam Nogueras (PDeCAT) ha echado en falta un «guiño» hacia Cataluña en relación con los puntos de la Lomce que son un «ataque» a la inmersión lingüística

Óskar Matute (Bildu) ha rechazado tanto una Lomce «dura como la versión 'light'» y un pacto que supondría «mantenerla».

Marta Solís (Compromís) ha visto en el decreto-ley la posibilidad de un pequeño paso para recuperar la dignidad de la educación, aunque ha apostado por que la Lomce «pase a la historia».

Ana Oramas (CC) ha considerado que las «reválidas» eran un «disparate» y ha interpretado que el gobierno del PP tiene que cambiar la Lomce, aprobada con «prepotencia», porque ha perdido la mayoría absoluta y ha de pactar con otros partidos, como el suyo.

Isidro Martínez Oblanca (Foro) ha advertido contra cargarse «a gorrazos» las cosas que sí funcionan de la Lomce. «Sin un buen profesor, no hay reforma que tenga éxito», ha añadido.

Carlos Salvador (UPN) ha dicho que un pacto no será tal si se impide a los padres elegir centro y tipo de educación.

Igual que el pleno ha convalidado el decreto-ley, ha rechazado por amplia mayoría que fuera tramitado como proyecto legislativo.