La ibicenca Sofía Hernanz fue apartada de la dirección del grupo socialista en la Cámara baja. | Archivo

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Los 15 diputados socialistas que se saltaron la disciplina de grupo para votar no a la investidura de Mariano Rajoy, entre los que se encuentran los baleares Pere Joan Pons y Sofía Hernanz, han recurrido la multa de 600 euros impuesta por la dirección parlamentaria del PSOE, que consideran improcedente, injusta y que incluso vulnera los derechos que la Constitución atribuye a los parlamentarios. «No es buena política sancionar por cumplir la palabra», avisan.

Tras recibir comunicación de la multa de 600 euros, la máxima prevista en el reglamento del grupo parlamentario, cada uno de los sancionados ha presentado este miércoles un recurso ante el comité permanente del Grupo Socialista que encabeza Antonio Hernando.

En sus escritos, a los que ha tenido acceso Europa Press, los diputados sancionados empiezan por señalar que la multa es «improcedente» porque la Constitución establece que los miembros de las Cortes no están sujetos a mandato imperativo, gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas y su voto es personal e indelegable.

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Se quejan también de «indefensión» por no haber tenido acceso al informe del Comité de Disciplina del Grupo Socialista, que redactó el diputado Luis Carlos Sauquillo, y lamentan que no se les permitiera el voto en conciencia, que a su juicio «debe ser una regla democrática y ética».

En este sentido, recuerdan que fue el propio Hernando quien dijo que la decisión de abstenerse en la investidura fue del partido, adoptada en un Comité Federal, y no del grupo parlamentario, y fue eso lo que imposibilitó que pudieran ejercer el voto en conciencia que reclamaban. Y añaden que el reglamento de los diputados sólo contempla sanciones por incumplir el voto acordado en el Grupo Socialista, no por votar en contra de decisiones adoptadas por el Comité Federal.

Los diputados del 'no' a Rajoy que, además de recibir la multa, fueron removidos de portavocías y otros puestos en el grupo se consideran «doblemente sancionados» y ven «injusto» el castigo, pues siempre habían manifestado su «total disposición» a seguir trabajando en sus puestos