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El pleno del Tribunal Constitucional (TC) avaló este jueves la reforma de su ley orgánica que le permite suspender cautelarmente a altos cargos o autoridades políticas que desobedezcan sus resoluciones, como podría ser el caso de la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell.

En una resolución adoptada por mayoría, el Constitucional rechazó el recurso del Gobierno vasco contra la reforma de la ley que lo regula, una reforma que aprobó durante la legislatura pasada la mayoría del PP en el Parlamento como respuesta al soberanismo catalán.

La citada reforma, que el alto tribunal considera acorde con la Constitución, pone en manos del TC potestades para obligar a la obediencia de sus resoluciones.

El TC ha venido debatiendo en los últimos meses si es o no constitucional esta capacidad sancionadora cautelar para obligar a la obediencia de sus sentencias. La primera ponencia que se llevó al pleno preveía rechazar esta potestad y aceptar, al menos parcialmente, el recurso del Gobierno vasco.

Sin embargo, dicha propuesta, redactada por la vicepresidenta Adela Asúa, no alcanzó el apoyo de los once magistrados, por lo que el presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, le encargó otra a Pedro González-Trevijano. Su ponencia, que acepta la constitucionalidad de la reforma, es la que ha sido aceptada por la mayoría.

La decisión rompe la unanimidad que, hasta ahora, habían venido suscitando las resoluciones del TC vinculadas con el soberanismo catalán. Los tres magistrados progresistas Adela Asúa, Juan Antonio Xiol y Fernando Valdés-Re votaron en contra y anunciaron votos particulares.