La representante del ministerio fiscal ha asegurado este viernes que el considerado cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, y los empleados y responsables del grupo formaban una asociación ilícita con la finalidad de delinquir y «llegar a cargos públicos con papel decisorio» en la Conselleria de Turismo, desde donde se «amañó» el concurso de Fitur 2005 para «entregarlo a quien desde el principio querían».
Así lo ha comenzado a exponer este viernes en su informe sobre la pieza de Fitur de la parte del caso Gürtel que se ha juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, por el que se han sentado en el banquillo de los acusados 13 personas, entre ellas las exconselleras de Turismo con Francisco Camps, Milagrosa Martínez y Angélica Such; el exjefe de Gabinete de la primera de ellas, Rafel Betoret; trabajadores de la administración y los considerados responsables de las empresas de Gürtel y empleados. Esta es la sesión 60 del juicio, que comenzó en marzo del pasado año.
En esta «asociación ilícita» de los miembros de la red, la fiscal ha defendido que Francisco Correa era el «jefe, el propietario»; Pablo Crespo, su «mano derecha», el «ejecutor»; Alvaro Pérez, «el conseguidor» y ha destacado la participación relevante de Isabel Jordán, Cándido Herrero y Mónica Magariños en la organización. La fiscal ha subrayado que se trata del primer juicio de Gürtel que se va a tener que pronunciar sobre si formaban un asociación ilícita, antes del resto de procedimientos que se siguen en Madrid.
Para la fiscal, se trata de una organización permanente y jerarquizada que Correa lideró con Crespo de forma estable en los años 2002-2009, y que en València tuvo la finalidad de «delinquir» y penetrar en las Consellerias de Turismo y otras relacionadas para «llegar a cargos públicos con papel decisorio» como Martínez, Such o Betoret, o «relevantes», como los técnicos de la administración acusados.
La fiscal sostiene que se ha acreditado que esta organización «pivota» sobre Orange Market, que surgió en julio de 2003 «para empezar a delinquir en València» como una cuestión «muy meditada» porque el grupo sabía que, a través de Alvaro Pérez, «podían acceder a los cargos públicos» valencianos dada la «facilidad» con la que se movía en esa administración. Sin embargo, mantiene que esta empresa no se desligó del «entramado» de Madrid, ubicado en dos sedes: Serrano 40 y Pozuelo de Alarcón, desde donde se realizaron las irregularidades.
«¿Por qué se trasladó a València?», se ha preguntado, y ha indicado que porque Pérez tenía «contactos muy relevantes con cargos de poder» y se veía que podía acceder a quienes manejaban las adjudicaciones de Fitur. Así, ha dicho, se conseguían «adjudicaciones arbitrarias» de las que se beneficó la organización de Correa.
Llegaron a Martínez y Betoret
La representante del ministerio público asegura que la trama «llegó» a Martínez y Betoret, como revelan, entre otras, las testificales practicadas. El segundo mantuvo encuentros con trabajadores de Orange Market antes de las adjudicaciones de Fitur y la primera llamaba a la sede de la empresa para departir con Cándido Herrero y, con posterioridad, se enviaban sobres cerrados a la sede de la Conselleria, según ha expuesto.
Asimismo, ha destacado la implicación de los trabajadores de la Conselleria que actuaban como órgano de contratación -Isaac Vidal, Ana Grau y Jorge Guarro-- quienes solo ellos tenían los borradores de las adjudicaciones y la información de concursos. De este modo, sostiene que, por ejemplo, para Fitur 2005, se refleja por declaraciones y el material intervenido en las sedes de las empresas --documentos Fitur València y Fitur revisado--, que la red accedió a la documentación, planos de los estands, criterios de adjudicación e información de los concursos antes de su publicación en noviembre de 2004.
Es decir, datos que únicamente podía tener el órgano promotor, incluso de ferias que aún no habían salido a la luz. Además, ha recalcado que las mesas de contratación en las que dos de ellos participaron, tampoco cumplían la normativa (por formar parte precisamente dos miembros del órgano promotor) y que la adjudicataria -Orange Market- no tenía ni solvencia técnica ni medios personales para esa tarea.
Lista de regalos
En el caso de Vidal -jefe del órgano de contratación- y Grau, añade además que sus nombres aparecen en la lista de regalos de la empresa incautado a la red. Del primero, existen conversaciones que reflejan «familiaridad y complicidad» con Alvaro Pérez, y de la segunda, conversaciones previas a las adjudicaciones. Sobre Juan Bover, jefe del departamento jurídico, señala que si bien se puede discutir si existe en su conducta reproche penal, ella considera que sí porque dio el visto bueno a unos pliegos de condiciones que incumplían «de lleno» la normativa administrativa, una acción que merece la calificación de prevaricación.
«¿Cómo consiguieron manipular el concurso para hacer un traje a su medida, según palabras de Pablo Crespo? Cometiendo irregularidades, colaborando activamente en la elaboración de los pliegos de Fitur de 2005» -que fueron diferentes a otros años-, con anterioridad al expediente de contratación, señala la fiscal.
Según considera probado, en este caso «direccionaron» todo el proceso a como al final se realizó y lo «redireccionaron» de «forma subjetiva, reflejando criterios económicos de forma nada transparente» como una «una forma necesaria para amañar el concurso y entregarlo a quien desde el principio querían».
Defensa de incluir el delito
Durante la primera parte de su intervención, la fiscal se ha dirigido a defender la inclusión del nuevo dleito de asociación ilícita en sus conclusiones defintivas como «legítima, legal», respetuosa con el derecho de defensa y amparada en la legislación y a rechazar todas las alegaciones de la defensa contra cuestiones como las entradas y registros o las intervenciones telefónicas.
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