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La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, ha rechazado este martes que la propuesta del PP de reformar el TC para que pueda suspender a funcionarios y gobernantes que incumplan sus sentencias es electoralista y «parece tener un claro carácter inconstitucional».

En rueda de prensa tras el Consell Executiu, ha matizado que aún debe estudiar la proposición de ley cuando se sepa al detalle, pero se ha preguntado cómo se pretende suspender a un gobernante sólo aplicando una ley --si prospera la reforma del PP-- en vez de suspenderle únicamente si hay una sentencia firme.

Lo ha dicho al preguntársele por la proposición de ley para que el TC pueda multar y suspender a funcionarios y gobernantes que incumplen sus decisiones, lo cual sería aplicable a todas las administraciones pero está pensado por si Catalunya declara su independencia, lo que la vicepresidenta interpreta como «un acto electoral utilizando las instituciones del Estado».

A ALBIOL: «CATALUNYA NO ES NINGUNA BROMA»

Por eso Neus Munté critica que el PP haya anunciado la propuesta junto a su candidato a presidir la Generalitat, Xavier García Albiol, que ha presentado esta propuesta con un 'la broma ha terminado'.

Munté le ha replicado que «Catalunya no es ninguna broma» y tampoco lo es el proceso soberanista, que ha definido como la voluntad de democracia.

La vicepresidenta ha contrastado esta actitud con la reacción del Estado, porque ve en la reforma del TC ánimo de «represión, amenazas y miedo».

«REPRESIÓN» FRENTE AL PROCESO

Munté ha insistido en que el PP reacciona al proceso soberanista con «represión, endurecimiento de multas y posible suspensión de funciones» desde el TC, cuando es el Estado el que está incumpliendo sentencias.

Según ella, el Estado «incumple desde hace años» decisiones del TC, y ha puesto como ejemplo que 11 sentencias del TC de los últimos ocho años dan la razón a la Generalitat sobre competencias de servicios sociales, como el 0,7% del IRPF, por lo que lamenta que los ciudadanos sufran las consecuencias de estos incumplimientos.

«No nos sentimos, como Govern, aludidos por este clamor del Gobierno central cuando habla de incumplimientos de sentencias», ha añadido.