El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, durante una entrevista. | Efe

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El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha explicado que la voluntad del Ministerio es «armonizar» la situación sanitaria de los inmigrantes irregulares en el conjunto de las comunidades autónomas, pero ha precisado que no pueden tener acceso a la tarjeta sanitaria para evitar el «turismo sanitario».

Alonso, que ha anunciado que el próximo 2 de septiembre se reunirá con las distintas comunidades para llegar a una posición «consensuada y razonable», ha defendido que España es un país que «se ocupa de las personas que vienen» y que los inmigrantes que están en situación irregular pueden ser atendidos aunque «no tengan acceso» a la tarjeta sanitaria. Propondrá a los consejeros la creación de un registro nacional de inmigrantes irregulares que facilite un «documento», distinto a la tarjeta sanitaria, para que este colectivo reciba asistencia.

El ministro, que ha hecho estas declaraciones en los pasillos del Congreso, ha dicho que para mejorar la situación hay que «establecer cuál es el canal de acceso» para las personas irregulares que, según él, es la atención primaria y asegurar que no tengan una tarjeta sanitaria que les pueda dar unos «derechos» en Europa que abrirían la puerta a personas que no han de tenerla.

«España se ocupa de la gente, pero es un país serio y por lo tanto atiende a las personas con control a través de un registro y sin abrir o otorgar derechos que puedan venir en prejuicio del propio país», ha insistido el ministro.

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También ha manifestado su voluntad de que la situación sanitaria sea «similar» en todas las comunidades autónomas para garantizar una cobertura sanitaria «razonable» para las personas en España y «adecuada» al funcionamiento del sistema para que no vuelva a «abrir la puerta al turismo sanitario».

Además, Alonso ha recordado que la reforma que se hizo en 2012 permitió por primera vez que los españoles que no tenían la tarjeta sanitaria por ser parados de larga duración o profesionales de larga duración la consiguieran.

Esta reforma «mejoró la situación», según Alonso, ya que hoy hay 800.000 tarjetas más que en 2012 y «vino a corregir» el «descontrol» del turismo sanitario que suponía un coste de 2000 millones de euros al año.

Para que un inmigrante en situación administrativa irregular tenga acceso a la asistencia sanitaria ha de acreditar que está empadronado y los servicios sociales deben determinar en qué situación está para formar parte de un registro que le proporcione un documento distinto a la tarjeta, ha explicado Alonso.