Según las previsiones del Gobierno, inicialmente se destinará a la misión un avión de inteligencia, junto con hasta 50 efectivos sobre el terreno y otros doce que irán destinados al cuartel general de la operación, en Roma.
Sin embargo, también contempla la posibilidad de que, «dependiendo de la evolución de la situación y el posible avance a las sucesivas fases de la Operación», la participación española podría incluir la contribución con medios marítimos, de apoyo o aéreos hasta un máximo de 250 efectivos.
En todo caso, la contribución final de las fuerzas españolas a la misión se definirán «en consonancia con el objeto de la misión y según los acuerdos que se adopten en la Unión Europea», según ha expresado
El Gobierno explica que la actual situación en el Mediterráneo central y meridional en relación con la inmigración irregular constituye una tragedia, por lo que la Unión Europea ha decidido aumentar su presencia en el mar «para luchar contra los traficantes, prevenir los flujos de migración irregular y reforzar la solidaridad y la responsabilidad internas».
Por otro lado, señala que la inestabilidad en Libia crea un entorno propicio para las actividades delictivas de los traficantes. «Sin perjuicio de apoyar activamente todos los esfuerzos dirigidos por las Naciones Unidas con el objetivo de restablecer la autoridad del gobierno en Libia, la Unión Europea ha realizado el planeamiento de una operación militar en el Mediterráneo central meridional, con el nombre de EUNAVFOR MED, conforme al mandato del Consejo de la Unión Europea sobre esta cuestión y de acuerdo con el contenido de la Decisión comunitaria del 18 de mayo», explica el Ejecutivo.
La misión consiste en interrumpir el modelo de negocio de las redes de tráfico ilícito y trata de personas en el Mediterráneo central y meridional, mediante esfuerzos para «identificar, capturar y eliminar las embarcaciones y medios utilizados o que se sospeche son utilizados por los traficantes, de conformidad con el Derecho Internacional».
Según consta en la información que ha facilitado el Ejecutivo, tras la reunión del Consejo de Ministros, la operación en el Mediterráneo tendrá tres fases: una primera orientada a la detección y seguimiento de las redes de migración para «recopilar información», una segunda centrada en el registro, apresamiento y desvío de los buques sospechosos «en las condiciones previstas en el Derecho internacional», y una tercera consistente en la eliminación o inutilización de los buques sospechosos.
En todo caso, para que se cumplan las tres fases del procedimiento, será el Consejo de la UE quien deberá evaluar «si se han cumplido las condiciones para ir más allá de la primera fase, teniendo en cuenta cualquier Resolución aplicable del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el consentimiento, en su caso, de los Estados ribereños afectados».
Según ha indicado el Gobierno, está previsto que, inicialmente, la duración de la operación sea de doce meses a partir del momento en que alcance «capacidad operativa plena».
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