Menorca Mao Plaza Colon manifestacion social contra la ley Mordaza | Javier Coll

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Cáritas ha denunciado hoy que en la Ley de Seguridad Ciudadana se «criminaliza» la pobreza, especialmente a aquellas personas en situación de exclusión severa, porque incluye identificaciones policiales «discriminatorias» e infracciones «desproporcionadas» para los ciudadanos en riesgo de exclusión.

Así lo ha expuesto hoy la portavoz del equipo de Incidencia de Cáritas, Sonia Olea, durante un foro en el que han participado juristas, representantes políticos y miembros de ONG, en el que han debatido sobre esa norma, que entró en vigor el pasado 1 de julio, y sobre la reforma del Código Penal.

Olea considera «desproporcionadas» algunas de las medidas de la Ley de Seguridad Ciudadana y ha recordado que Naciones Unidas «suspendió» a España en materia de derechos humanos por normas como ésa.

En el foro, organizado por Servimedia, el juez Juan Antonio Toro, titular del juzgado de instrucción número 36 de Madrid, ha defendido que esta ley orgánica «era necesaria» porque cambia el procedimiento anterior que se basaba «sólo» en hechos y ahora añade la actuación previa que da al ciudadano «la posibilidad de hacer alegaciones».

En este sentido, el diputado del grupo popular Francisco Márquez de la Rubia, ha defendido que la nueva ley amplía derechos y garantías constitucionales con la recomendación de examinarla «sin prejuicios ni ideologías».

Por su parte, el diputado socialista Antonio Trevín ha recordado el recurso de inconstitucionalidad que el PSOE presentó en contra del texto alegando que «se vuelve al modelo de la ley franquista de 1959» y ha tildado de «excesivas» las multas económicas ante manifestaciones públicas.

Respecto a sanciones de hasta 30.000 euros por impedir la ejecución de desahucios ordenados por el juez, la responsable de política interior de Amnistía Internacional, Virginia Álvarez, ha dicho a Efe que esta norma es «injusta» y va en contra de las personas «más vulnerables».

Además, ha destacado que la ciudadanía tiene el derecho «legítimo y universal» de reunión pacífica, protegido por los principales tratados internacionales, y ha animado a seguir reclamando estos derechos e intentar «que no se sancione» por ejercerlos.

En el debate, Fernando Lambea, del área de seguridad y justicia del Defensor del Pueblo, ha criticado las situaciones de «incertidumbre» que puede sufrir el ciudadano a consecuencia de esta ley.