Fotografía de archivo del 23/12/2013 de la cantante Montserrat Caballé. | Efe

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La soprano Montserrat Caballé ha pactado con la Fiscalía una condena de medio año de cárcel y una multa de 240.000 euros por defraudar medio millón de euros a Hacienda en la declaración de la renta del año 2010, simulando que tenía domicilio en Andorra.

Según han informado fuentes judiciales, la diva, que ya ha devuelto a Hacienda el medio millón que se le reclamaba, ha firmado hoy el escrito de conformidad que ha redactado la Fiscalía, acuerdo que ahora deberá ratificar ante el juez de lo penal para evitar su juicio.

De esa forma, la soprano se beneficia de una rebaja sustancial de la condena solicitada por la Fiscalía, que en su escrito de acusación le aplica la atenuante de reparación del daño por haber devuelto a Hacienda los 508.462 euros que la Agencia Tributaria le reclamaba por la declaración de IRPF de 2010.

La soprano será citada por el juzgado de lo penal de Barcelona al que corresponda enjuiciarla y, si ratifica ante el mismo el escrito de conformidad pactado con la Fiscalía, evitará la celebración del juicio y al mismo tiempo podrá eludir su ingreso en prisión, al aceptar una condena inferior a dos años y carecer de antecedentes.

El acuerdo de Montserrat Caballé con la Fiscalía es fruto de complejas negociaciones que se han prolongado durante meses entre su abogado, el ministerio público y la Agencia Tributaria, en las que la defensa de la diva intentó rebajar al máximo la pena de multa por fraude fiscal.

El último escollo para alcanzar el pacto se superó a principios del pasado mes, cuando la Agencia Tributaria aceptó la principal propuesta que planteaba la diva: rebajar la multa al 50 % de la cantidad evadida, en vez del 65 % que se impone habitualmente a los defraudadores que deciden poner en regla su situación para beneficiarse de una rebaja de condena.

La causa abierta a Caballé deriva de una querella que la Fiscalía de Delitos Económicos presentó el pasado mes de abril por fraude fiscal contra la diva, a la que acusaba de no haber presentado ante la Agencia Tributaria la declaración de IRPF de 2010, con lo que eludió tributar por los beneficios obtenidos en sus recitales y grabaciones.

A lo largo del pasado mes de mayo, la intérprete, de 81 años, se puso al día con Hacienda en dos pagos en los que devolvió la totalidad de los 508.462 euros que el fisco le reclamaba, tras lo que su abogado inició las negociaciones para lograr un acuerdo que rebajara la condena y evitara un juicio a la diva.

Paralelamente, el pasado mes de mayo el titular del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona, Josep Maria Miquel Porres, que investigó la querella de la Fiscalía, tomó declaración a Caballé como imputada en su propio domicilio de la capital catalana después de que la diva alegara que su débil salud le impedía trasladarse.

En su declaración ante el juez, que prestó postrada en la cama en su piso de la calle Josep Tarradelles de Barcelona, la soprano negó el fraude fiscal y mantuvo que el año 2010 residía en Andorra, aunque se desplazaba periódicamente a la capital catalana para acudir a sus visitas médicas.