TW
0

El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en la Comisión de Justicia del Congreso, Gaspar Llamazares, ha pedido este martes al Rey Felipe VI que «saque sus manos» del 'caso Nóos' y despoje a su hermana Cristina de las «prerrogativas» de las que disfruta por su condición de infanta de España.

Así lo ha asegurado Llamazares en una rueda de prensa en la Cámara Baja en la que también ha cargado contra la actuación del Gobierno en el procedimiento que se sigue contra la infanta, su esposo Iñaki Urdangarin, y el exsocio de éste Diego Torres.

Preguntado sobre si, tras abrirse juicio oral contra ella, ha llegado el momento de que la infanta renuncie a sus derechos sucesorios, el diputado de IU por Asturias ha incidido en que aunque Cristina de Borbón no forma parte de la Familia Real, sí es miembro de la familia del Rey y en que es el jefe del Estado quien puede tomar decisiones sobre los derechos de su hermana.

Desde su punto de vista, es el Monarca quien debe decidir si «mantiene sus prerrogativas o no». «El Rey verá lo que hace», ha apuntado, antes de animarle a «sacar sus manos» del proceso contra su hermana y su cuñado y a «dejar que la Justicia funcione» sin «injerencias».

Noticias relacionadas

NO A LA 'DOCTRINA BORBÓN'

En esta línea, ha incidido en que si realmente aspira a una «verdadera regeneración» de la institución que encabeza, Felipe VI debe evitar que se reedite la conocida como 'doctrina Botín' ahora con el nombre de 'doctrina Borbón'.

Según Llamazares, la apertura de juicio oral contra la infanta demuestra dos cosas. Por un lado, evidencia que hay jueces «honestos, valientes e incluso heroicos» que, como el instructor de la causa José Castro, logran «imponerse» a las presiones y, por otro, deja claro el «fracaso» de la estrategia de defensa de la infanta desarrollada por el Gobierno y la Casa del Rey.

El diputado de IU considera que el Ejecutivo debería «tomar nota» de ese fracaso y dejar de inmiscuirse en el proceso abandonando la «defensa en tromba» de Cristina de Borbón y poniendo fin a la «obstrucción» que, a su juicio, ha venido ejerciendo sobre el juez y que ha llevado a hacer un «papelón» a la Agencia Tributaria, la Abogacía del Estado y el propio Ministerio de Justicia.