El Ministerio de Industria ha autorizado a Repsol a realizar sondeos en busca de hidrocarburos en aguas cercanas a Canarias , unos trabajos que la petrolera prevé iniciar este otoño y a los que se opone el Gobierno canario que ha anunciado que pedirá la suspensión cautelar de las prospecciones . En la imagen, dos plataformas y un barco plataforma atracados en el muelle Reina Sofía de Las Palmas. | Elvira Urquijo A. - EFE - EFE

TW
0

El subsecretario de Industria y Energía, Enrique Hernández Bento, aseguró ayer que un recurso de alzada, como el que ha anunciado el Gobierno de Canarias, «no interrumpirá» la autorización a Repsol para hacer sondeos en aguas cercanas al archipiélago, y ha aclarado que lo único que puede interrumpir el proceso es «una resolución judicial exigiendo que se paren los trabajos».

Así lo afirmó en una entrevista a La Opinión de Tenerife, donde afirmó que la autorización de los sondeos en aguas canarias es «la culminación de un proceso largo que se ha hecho con las mayores garantías ambientales y de seguridad de toda la historia en este país de los trabajos de investigación», subrayando, además, que jurídicamente «ha quedado demostrado que el Ministerio ha hecho las cosas bien».

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, advirtió de que le «consta» que el regulador, «que es el Ministerio de Industria», está «presionando» a Repsol para llevar a cabo las prospecciones petrolíferas en las islas. A este respecto, Hernández Bento dijo que la autorización a las prospecciones es «una decisión legítima de una competencia exclusiva del Estado».

También quiso dejar claro que España «no puede renunciar a conocer su riqueza energética». «Velamos por el interés general y todos los países están investigando porque la energía va a ser un factor determinando en los próximos decenios», recalcó.

Sobre el riesgo de vertidos, el subsecretario indicó que la declaración de impacto ambiental de las prospecciones en Canarias «no se cocina en los ministerios». «Han participado cientos de funcionarios y organismos de distintos ministerios y dice que el riesgo es del 0,000283, y eso demuestra que en este expediente se han cubierto todas las garantías desde el punto de vista de seguridad y medio ambiente».