Rajoy mira en su cartera antes de iniciarse la sesión de control al Gobierno en el Congreso. | Juan Carlos Hidalgo

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El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha defendido que la reforma fiscal que proponen es «magnífica» porque favorecerá el crecimiento y el empleo pese a rebajar los impuestos. Esta encendida defensa contrasta con las críticas que han empezado a surgir en el seno del Partido Popular, sobre todo en la cuestión de tributar por la indemnización del despido.

Este punto ha evidado de tratarlo el presidente del Gobierno durante su intervención y fuentes de La Moncloa señalan que el ministro de Hacienda, Critóbal Montoro, estaría estudiando dar marcha atrás y suavizar la medida. Fuentes del Ministerio de Hacienda señalan que el objetivo era evitar que se produjeran indemnizaciones tan elevadas en el caso de las cajas de ahorros y, si se daba el caso, tributaran con un fuerte gravamen. Entienden, señalaron las fuentes, que el objetivo que se buscaba no se ha logrado, a tenor de las críticas recibidas y por erste motivo se buscan alternativas.

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha dicho que la obligación de tributar por las indemnizaciones por despido -incluida en la reforma fiscal del Gobierno- supone «gravar dos veces a quienes pierden su empleo».

«Además de que pierdes el empleo, te meten un palo fiscal importante», se ha lamentado Toxo tras inaugurar la jornada organizada por el sindicato sobre renta mínima garantizada. «El Gobierno debería retirar esta medida antes del Consejo de Ministros que apruebe el proyecto que va a enviar a las Cortes», ha afirmado.

Poco razonable

Por su parte, el recién reelegido presidente de CEPYME, Jesús Terciado, ha asegurado ha asegurado que la tributación de las indemnizaciones por despido es un tema que deberá estudiarse con «profundidad» ya que ha considerado «poco razonable» centrarlo simplemente en la renta y no en las circunstancias de cada desempleado, «en si pueden tener un futuro más o menos fácil».

En este aspecto, Terciado ha confiado en que en el trámite parlamentario se puede «reestudiar» ya que hay indemnizaciones por despido que superan los límites razonables para personas que luego reciben también el paro. Así, ha puesto como ejemplo indemnizaciones que superan los 300.000 o 400.000 euros y que «no parece que sea solidario con los trabajadores que tienen menores percepciones y un despido mucho menor». «Hay que pensar bien todo el modelo», ha indicado.