El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha constatado que las obras que se llevaron a cabo entre los años 2005 y 2011 en la sede del Partido Popular (PP) en la calle Génova de Madrid podrían ser constitutivas de un delito de fraude fiscal y otros de falsedad documental y contable.
Así consta en un auto en el que el juez cita a declarar como imputados el próximo 7 de julio a la socia y tres antiguos trabajadores de la empresa Unifica Servicios Integrales, que llevó a cabo los trabajos. Se trata de Belén García, socio del director gerente de la empresa, Gonzalo Urquijo; Laura Montero, que fue directora de Proyectos de Unifica; María Rey, jefa de la obra; y Claudio Montero, jefe de Proyectos en 2008.
Al día siguiente declararán como testigos el exjefe de Seguridad del PP y cuñado del extesorero Luis Bárcenas, Antonio de la Fuente; el cajero de la formación Luis Molero; y otros dos empleados del estudio de arquitectura, Ester D'Opazo y Noelia Fernández Muñoz.
El magistrado ha tomado esta decisión después de que un informe de la Agencia Tributaria y otro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) apuntaran que el PP pagó una parte de las obras con dinero negro que podrían corresponderse con los apuntes de 888.000 euros que Bárcenas anotó en su contabilidad B como salidas para Urquijo.
Realidad
Los dos informes vienen a constatar, según el juez Ruz, «la realidad de los apuntes contables» consignados por Bárcenas en relación con las obras del PP y su carácter delictivo, ya que «en algunas plantas del edificio las obras se iniciaron sin existir presupuesto aprobado por ambas partes y en otras ocasiones el presupuesto presentado en el Colegio de Arquitectos no coincidía con el supuestamente acordado entre el PP y Unifica».
Ruz destaca que, según acreditan varios correos electrónicos de Unifica, en cuatro plantas del edificio se elaboraron «dos certificaciones finales» de las obras, «una que correspondía a la factura girada y otra, de cantidad superior, que supuestamente a respondía al precio real del proyecto». El informe de Hacienda, que por mandato de Ruz únicamente analiza los delitos fiscales que habría cometido el estudio de arquitectura y no el PP, sostiene que la diferencia entre unas certificaciones y otras se habría abonado con dinero B.
1 comentario
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Yo solo digo que el PP cuando no gobierne veremos muchas cosas sobre GENOVA ALI BABA yo creo ARENAS BOCANEGRA terminara haciendo el perrito.