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La Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, confirma en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que el Partido Popular (PP) pagó con dinero negro una parte de la reforma que realizó en su sede de la calle Génova de Madrid entre los años 2005 y 2011.

Los técnicos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) llegan a esta conclusión en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que constatan que la empresa Unifica Servicios Integrales, que llevó a cabo los trabajos, expidió dos certificaciones finales distintas para las obras que se realizaron en las plantas segunda, tercera, cuarta y quinta del edificio.

El informe, que por mandato de Ruz únicamente analiza los delitos fiscales que habría cometido el estudio de arquitectura y no el PP, sostiene que la diferencia entre unas certificaciones y otras se habría abonado con dinero B. Así, la documentación incautada en septiembre pasado en la sede de Unifica pone de relieve un descuadre de 211.160,77 euros en las facturas correspondientes a las obras de la planta segunda, de 274.880,35 en las de la quinta, de 256.426,33 en las de la tercera y de 217.879,75 en las del cuarto piso.

Estas cantidades son similares a las salidas que el extesorero del PP Luis Bárcenas anotó en su contabilidad B, que reflejaba pagos en negro por valor de 888.000 euros para el director gerente de Unifica, Gonzalo Urquijo, imputado por fraude fiscal y falsedad documental y contable y que aparecía en los papeles con las anotaciones de 'Gonz. Urquijo', 'Gonzalo (Arquitecto)' y 'G.U.'.

A lo largo del año 2008 Bárcenas anotó cuatro supuestos pagos en negro que habrían tenido a Urquijo como destinatario: 195.000 euros el 28 de enero, 258.000 el 13 de marzo, 235.000 el 31 de julio y 200.000 euros en diciembre. La diferencia entre estos montantes y el descuadre en las certificaciones de obra podría corresponder, según la ONIF, a que, tal y como declaró Bárcenas, «se pudo aplicar un descuento del 8-10 por ciento sobre estas cantidades no facturadas», es decir, abonadas en B.

LA MITAD HABRIA PRESCRITO

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Sin embargo, los técnicos de la ONIF únicamente realizan una propuesta de regularización fiscal para las dos últimas certificaciones, que se llevaron a cabo en el año 2008, ya que el delito fiscal imputable a las obras de las plantas segunda y quinta se computó en 2007, por lo que habría prescrito.

«Teniendo en cuenta la supuesta vinculación entre las cantidades no facturadas por la ejecución de las plantas 3ª y 4ª (diferencias entre certificaciones identificadas anteriormente) y las anotaciones de los papeles de Bárcenas, cuyos pagos pueden imputarse como ingresos aplicables a la cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2008, consideramos que debería incluirse en el resultado contable y por ende, en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de 2008», señala el informe.

Para hacer esta regularización la ONIF propone computar las «diferencias entre las certificaciones» o bien «la cantidad anotada en los denominados 'papeles de Bárcenas', siempre que quede acreditado que hay una vinculación directa entre estas anotaciones y el pago de las diferencias de las certificaciones».

CONCLUSIONES PROVISIONALES

En todo caso, los inspectores señalan que «este informe es de avance del análisis de la información, de ahí que las estimaciones y propuestas se realizan con carácter provisional», ya que la unidad de auxilio judicial tendrá que analizar próximamente «los archivos contables resultantes del volcado de datos del programa Contaplus obtenidos en el registro de la sede de Unifica en septiembre de 2013».

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ya constató el pago en negro de las obras en la sede del PP en un auto dictado el pasado 7 de abril en el que imputaba a tres antiguos empleados de Unifica y señalaba indiciariamente que la remodelación fue sufragada «con fondos ajenos al circuito económico financiero», correspondientes a la contabilidad paralela que llevaba Bárcenas.