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El Gobierno ha utilizado una potestad legal muy poco empleada en democracia para dejar constancia ante el Congreso de su rechazo hacia la consulta catalana reclamada desde el Parlament, si bien no se opone a tramitar en la Cámara Baja la proposición aprobada por el parlamento catalán que reclama para la Generalitat la competencia de convocar un referéndum.

De «meramente especulativa» califica el Ejecutivo la consulta en un escrito presentado ayer en el Congreso para fijar su criterio ante esta iniciativa; también subraya que la propuesta recogida en la proposición de Ley Orgánica remitida al Congreso no tiene cabida en la Constitución.

La fijación de criterio sobre una iniciativa parlamentaria es una facultad que tiene el Gobierno, escasamente empleada, y que incluso le permite vetar su tramitación en el caso de que implique aumento en los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios estatales, algo que según admite no ocurre en este caso.

El hecho de que esta vez el Ejecutivo sí se haya pronunciado ha sido acogido por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, como muestra de su «posición de dureza, basada en el 'ordeno y mando», ha dicho en un acto institucional celebrado en Barcelona con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Ha añadido que se trata de una postura «muy hard» que ha contrapuesto con los valores catalanes «soft», basados «en el trato y el pacto».

Para Mas, en la «dialéctica» entre los gobiernos español y catalán «estamos viendo un enfrentamiento entre dos sistemas de valores distintos», porque a su juicio la reacción del Ejecutivo central está «muy basada en el orgullo propio», en tanto que en Cataluña siempre se busca más «el trato y el pacto».

Desde el PSC, su primer secretario, Pere Navarro, ha pedido al Gobierno que «no alimente la confrontación» con escritos como el remitido ayer al Congreso, en el último día de plazo para hacerlo.

Le ha pedido que busque «espacios de diálogo», y en este sentido ha apostado por buscar un lugar de encuentro «donde se pueda hablar de la consulta, de la financiación y de las competencias», además de emplazar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a hablar con Mas «porque ahora mismo, más que apelar a Europa o a otras instancias, es necesario solucionar un problema que no es europeo, sino entre España y Cataluña».

También ha hablado hoy del pronunciamiento del Gobierno el presidente del Consell Nacional de Unió, Ramon Espadaler, quien ha proclamado que la consulta soberanista «cabe perfectamente» en la Carta Magna y ha insistido en pedir diálogo al Ejecutivo central, además de reclamar que abandone su «actitud cerrada».

«Desde CiU queremos mostrar nuestra perplejidad» ante el contenido del escrito porque «la consulta es trascendente para el pueblo de Cataluña, y lo es -y así haría bien en entenderlo el Gobierno de España- para el conjunto del pueblo español».

La argumentación remitida a la Cámara Baja y firmada por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, explica que los referendos consultivos están previstos en la Constitución «sola y únicamente para someter a consulta de los ciudadanos decisiones políticas de especial trascendencia».

De esta manera, añade, «no caben consultas meramente especulativas».

También sostiene que una «eventual aprobación» de la iniciativa en trámite «podría suponer una vulneración de la Constitución, en la medida en que con ella se pretende la delegación de una facultad o competencia que por su propia naturaleza no es susceptible de transferencia o delegación».

Y advierte de que admitir esta delegación equivaldría a proclamar que, por la sola decisión unilateral de los ciudadanos catalanes puede disolverse lo que la Constitución proclama indisoluble y dividirse lo que declara indivisible.

«Ni este Gobierno, ni las Cortes Generales, ni el Parlamento de Cataluña pueden legítimamente privar de manera unilateral al conjunto del pueblo español, único titular de la soberanía, de su derecho a decidir sobre su futuro colectivo», recalca.

Más allá del contenido del escrito, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha recordado hoy que su grupo siempre ha sido partidario de debatir cuanto antes la proposición del Parlament; «No se arregla nada esperando a que las cosas de pudran», ha enfatizado.