Sáenz de Santamaría y Ruiz-Gallardón, en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros. | Zipi

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El Gobierno ha aprobado los dos proyectos nucleares de su plan de regeneración democrática, que introducirán un «plus de publicidad» en las cuentas y subvenciones de los partidos, que tendrán que publicarse en su web, además de la obligación de la comparecencia parlamentaria del tesorero.

Estas son dos de las novedades confirmadas por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha dado el visto bueno el proyecto de ley orgánica de control de la actividad económica-financiera de los partidos y la ley que regulará el ejercicio del alto cargo en la administración del Estado para su remisión a las Cortes.

El primero de estos proyectos prohibe completamente las donaciones de personas jurídicas, y de entes sin personalidad jurídica pero que no son personas físicas, a los partidos políticos, así como que los bancos condonen las deudas a las fuerzas políticas, incluidos los intereses. Las donaciones indebidas que reciban los partidos tendrán que ser devueltas a los donantes o ingresadas en el Tesoro.

Transparencia

La norma, que reforma tres leyes -la de financiación de partidos, la ley de partidos políticos y la ley del Tribunal de Cuentas-, introduce un mayor «control», «fiscalización» y «transparencia». Así, los partidos estarán obligados a publicar en su web todas sus cuentas y los créditos recibidos, los plazos de amortización y los datos de la entidad bancaria, además de todas las subvenciones y donaciones de más de 50.000 euros que reciban.

El control parlamentario también se refuerza con la obligación de que el responsable económico financiero de los partidos comparezca en el Parlamento para explicar la contabilidad una vez que el Tribunal de Cuentas haya emitido el correspondiente informe de fiscalización. El segundo de los proyectos que se ha aprobado hoy y comenzará en breve su tramitación parlamentaria es la ley reguladora del ejercicio del cargo público, que entre sus novedades incluye que los condenados por delitos especialmente graves, como el terrorismo no puedan ser cargos públicos mientras no se cancelen sus antecedentes penales.