El ministro Wert, tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó el proyecto de ley de Propiedad Intelectual. | Efe

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El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de Propiedad Intelectual que introduce el derecho de empresas editoras de ser compensadas por el uso de sus contenidos, crea la ventanilla única para el pago de los derechos de propiedad intelectual y persigue a las páginas que albergan listados piratas.

Tras cerca de un año de consulta a los sectores afectados y organismos como el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado o el Consejo de Estado, el texto de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual volvió al Consejo de Ministros para ser aprobado como proyecto de ley, que iniciará ahora su tramitación parlamentaria.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, han explicado que el proyecto de ley generaliza el derecho de cita a todos los ámbitos de la enseñanza y a la investigación e ilustración científica y se establece el derecho a compensación económica al autor en casos de reproducción de artículos.

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Sobre la compensación a editores por el uso por los agregadores o buscadores de internet, la medida incluida en el texto, que Wert ha calificado de pionera, autoriza con carácter general el uso de fragmentos no significativos de contenidos, ya sean informativos, de entretenimiento o formadores de opinión, pero con un «derecho irrenunciable» de una compensación equitativa.

Así, la norma adapta el límite de cita o reseña al ámbito de los agregadores de contenidos o buscadores en internet (sobre todo Google, en especial Google News) y reconoce el derecho de las empresas editoras y autores de noticias a ser compensadas económicamente por la explotación de sus contenidos.

Wert ha reconocido que «evidentemente» esta reforma no solucionará todos los problemas de la piratería, aunque ha explicado que se refuerza el papel de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, que hasta ahora, ha dicho, ha resuelto el 84 % de los expedientes presentados desde su constitución. También, debido a la transposición de la normativa europea, se amplia el plazo de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas en 20 años, pasando de 50 a 70 años.