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España es ya el segundo país de la Unión Europea con un mayor índice de desigualdad, según un informe de Oxfam Intermón del que se desprende que las 20 personas más ricas del país acumulan una fortuna de 77.000 millones de euros, es decir, el equivalente a la renta de que dispone el 20 por ciento de su población con menos recursos.

El informe, 'Gobernar para las élites: secuestro democrático y desigualdad económica', lanzado con motivo de la reunión del Foro Económico Mundial esta semana en Davos, recoge un despiece sobre España presentado en rueda de prensa este lunes por la responsable de investigaciones de Oxfam Intermón, Teresa Cavero; y el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Carlos Cruzado.

Según explica, en los últimos años se han venido adoptando políticas que claramente benefician a quienes más tienen, como la desregulación y la opacidad financieras, los paraísos fiscales, la reducción de los tipos impositivos sobre las rentas más altas o los recortes en inversión y protección social, en perjuicio de las clases medias y las personas más desfavorecidas.

Esta dinámica no escapa a España, donde el indicador de la desigualdad, el llamado coeficiente Gini, pasó de 0.34 a 0.35 entre 2011 y 2012, lo que significa que cada vez ganan más quienes más tienen en comparación con los que tienen menos: antes de la crisis, el 20% de los españoles más ricos ganaba 5,3 veces más que en 20% más pobre, pero en 2011 la diferencia era ya de 7,5 veces.

Con esta tendencia, Oxfam Intermón vaticina que para 2025, el 20 por ciento de los españoles más ricos podrían ganar en promedio 18 veces más que el 20 por ciento más pobre, una desigualdad que «éticamente es insoportable, económicamente es insostenible e ineficiente y que está permitiendo que la riqueza concentrada en las élites económicas esté mermando la democracia», según Cavero.

La organización afirma que esta concentración de poder económico «corroe las instituciones» y reclama a los líderes políticos y las empresas que adopten medidas urgentes y «pongan coto a la desigualdad», que se «recupere el Congreso como espacio de diálogo y de rendición de cuentas». También instan a la ciudadanía a informarse sobre sus derechos y sobre cómo son vulnerados y a hacerlos valer, exigiendo responsabilidad a sus gobernantes.

Algunas de las soluciones pasan, conforme ha explicado el responsable sindical, por la reforma del sistema fiscal en España. Según ha afirmado, las medidas adoptadas desde 2010 a nivel impositivo, como la subida del IRPF o del IVA, «están gravando a las clases medias y a los más desfavorecidos» poniendo en tela de juicio la igualdad que proclama en este sentido la Constitución Española.

«La desigualdad es patente en la realidad fiscal española», ha afirmado Carlos Cruzado, para incidir en que «el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria están volcados en comparar las rentas del contribuyente con lo declarado», en lugar de reforzar la inspección en las grandes empresas y los grandes capitales, «donde se produce el 72% del fraude». Sólo el 20% de sus efectivos se dedican a ello, según ha dicho.

Esta percepción de que se aplica un doble rasero entre quienes más tienen y el resto de la ciudadanía ha calado entre los españoles. Conforme ha recordado el técnico de Hacienda, el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas reveló que el 90% cree que los impuestos no se recaudan justamente. Una encuesta de Oxfam Intermón apunta, además, que para ocho de cada diez las leyes creen que las leyes están diseñadas para favorecer a los ricos.

«La desafección democrática en España es patente y creciente y se torna peligrosa. La desilusión se extiende desde lo político, donde se percibe el hastío con un sistema partitocrático, hacia otras instituciones del Estado y hacia las instituciones democráticas y organizaciones formales, en general, lo cual contribuye al desprestigio de las mismas y aventura futuros conflictos político-sociales», vaticina el informe.