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El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley de cajas y fundaciones bancarias, una vuelta a los límites originales de estas instituciones, que pasarán a ocuparse de clientes minoristas y pymes en un ámbito territorial que no podrá exceder una CCAA o diez provincias limítrofes.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, explicó tras el Consejo de Ministros que con este anteproyecto –con el que se da por culminada la reforma del sistema financiero– la limitación de las cajas será triple: material, física y de volumen.

Pollença y Ontinyent

Según el ministro la ley estará basada en un principio fundamental: que las cajas «nunca» tendrían que haber abandonado su función originaria, ajustada a su territorio y a los ahorradores y a los pequeños y medianos empresarios, además de dedicarse sólo al negocio minorista.

Al respecto, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó que se trata de volver «al sistema anterior a los años 90 y a los años 80», si bien esta nueva normativa afectará sólo a dos cajas (Pollença y Ontinyent).

El resto de cajas que trasladaron su negocio a un banco deberán convertirse en fundaciones bancarias, cuyo régimen jurídico define la nueva norma.

Las entidades que se mantengan como cajas en sentido estricto no podrán tener un activo superior a los 10.000 millones de euros o una cuota de depósitos por encima del 35 % de los de la comunidad autónoma en la que operen. Además, la normativa –impulsada por la «troika», integrada por la CE, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE) como una contrapartida al rescate de la banca español– incrementa la profesionalización de los órganos de gobierno de las cajas.

El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley de cajas y fundaciones bancarias, una vuelta a los límites originales de estas instituciones, que pasarán a ocuparse de clientes minoristas y pymes en un ámbito territorial que no podrá exceder una CCAA o diez provincias limítrofes.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, explicó tras el Consejo de Ministros que con este anteproyecto –con el que se da por culminada la reforma del sistema financiero– la limitación de las cajas será triple: material, física y de volumen.

Pollença y Ontinyent

Según el ministro la ley estará basada en un principio fundamental: que las cajas «nunca» tendrían que haber abandonado su función originaria, ajustada a su territorio y a los ahorradores y a los pequeños y medianos empresarios, además de dedicarse sólo al negocio minorista.

Al respecto, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó que se trata de volver «al sistema anterior a los años 90 y a los años 80», si bien esta nueva normativa afectará sólo a dos cajas (Pollença y Ontinyent).

El resto de cajas que trasladaron su negocio a un banco deberán convertirse en fundaciones bancarias, cuyo régimen jurídico define la nueva norma.

Las entidades que se mantengan como cajas en sentido estricto no podrán tener un activo superior a los 10.000 millones de euros o una cuota de depósitos por encima del 35 % de los de la comunidad autónoma en la que operen. Además, la normativa –impulsada por la «troika», integrada por la CE, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE) como una contrapartida al rescate de la banca español– incrementa la profesionalización de los órganos de gobierno de las cajas.