La policía pide la documentación a una mujer que participa en un escrache en Madrid. | SUSANA VERA

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Los jueces de Bilbao han decidido suspender todos los desahucios de viviendas, salvo los casos que estén en trámite de subasta o de embargo de bienes, mientras que no se apruebe la nueva ley hipotecaria que se está tramitando en el Congreso.

Los jueces de primera instancia de Málaga aplicarán la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los desahucios y podrán paralizar los procedimientos cuando aprecien cláusulas abusivas en la hipoteca. Esto son dos ejemplos de lo que ha sucedido esta semana en distintas ciudades españolas respecto a la posición de los jueces sobre los desahucios.

Mientras se tramita la nueva ley hipotecaria en el Parlamento, los jueces se han ido posicionando respecto a la aplicación de la sentencia del Tribunal de la UE. Así en Vigo, Santander, Málaga y Castellón, por ejemplo, han decidido paralizar las sentencias sobre desahucio.

Ante esta situación, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha convocado una reunión de jueces para el próximo 8 de mayo de la que saldrán criterios generales para los magistrados de toda España. Y, aunque serán criterios sólo orientativos, servirán para unificar decisiones que ahora mismo son diferentes según el juez que las dicte.

Apoyo

En medio de esta situación desconcertante salieron más de 500 juristas, entre los que se encuentran catedráticos universitarios, jueces, abogados, secretarios judiciales o notarios, apoyando el contenido de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la dación en pago, que entienden que ante la insuficiencia de las medidas que se han tomado «puede ser un instrumento útil para colmar estas limitaciones y garantizar a las personas afectadas el derecho a una segunda oportunidad». Según han informado Juristas por la ILP, ante el posible rechazo por parte de la Comisión de Economía del Congreso de las medidas que proponía la ILP, los juristas han dado un paso adelante para destacar el apoyo del mundo jurídico a estas concretas medidas.

Al final el Gobierno decidió no tomar en cuenta la iniciativa y, haciendo oídos sordos a toda la oposición parlamentaria, decidió sacar adelante su propuesta aceptando sólo dos propuestas de otros grupos políticos.