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Las entidades financieras concedieron en 2012 un total de 14.229 daciones en pago sobre vivienda, lo que supone el 21,6 % del total de los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados y el 36,5 % de las adjudicaciones por ejecución de hipoteca sobre vivienda registradas.

El Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España señala que estas cifras demuestran que la figura de la dación en pago «se utiliza continuadamente en la práctica bancaria habitual, aunque pueda ser planteada de forma más o menos selectiva según las distintas entidades financieras».

La Comunidad Valenciana, con 2.981, es el territorio donde más daciones en pago se han concedido, seguido por Catalunya (2.357), Andalucía (2.304) y Madrid (2.262). En total, estas cuatro comunidades suman el 70,3 por ciento de las daciones en pago.

Otro dato es que el 61,25 % de las daciones en pago fueron concedidas a españoles, mientras que del 38,75 % restante la mitad correspondía a ciudadanos de países sudamericanos.

La encuesta revela también que el 74,76 % de las 65.778 ejecuciones hipotecarias correspondió a primera vivienda -porcentaje que se eleva al 77,06 % de las 38.976 adjudicaciones por ejecución de hipoteca- y que el 75,53 % fueron ejecuciones iniciadas a españoles y el resto a extranjeros.

Los extranjeros con mayor peso relativo son los ecuatorianos (5,74 %), los marroquíes (3,73 %), los británicos (2,14 %) y los rumanos (1,67 %).

Identificados por los escraches

Por otra parte, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, estudia si sanciona a los participantes en el escrache convocado ante el domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, entre ellos el ex secretario general de Alianza Popular (AP) Jorge Verstrynge.

Según la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional ha remitido a esta institución treinta identificaciones practicadas el pasado día 5 junto a la vivienda de Soraya Sáenz de Santamaría, por si son constitutivas de una infracción según la Ley de Seguridad Ciudadana.

La Delegación es la que debe decidir si abre expediente sancionador o no a estas personas.