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El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunció ayer que el Gobierno autorizará a los ayuntamientos incluidos en el plan de pago a proveedores que hayan tenido superávit a que puedan invertir en sus municipios.

Durante su intervención en la Junta Directiva Provincial e Intermunicipal del PP de Cádiz celebrada en Chiclana, Antonio Beteta señaló que la próxima semana se convocará la Comisión Nacional de Administración Local para aprobar una iniciativa que «posibilite que aquellos ayuntamientos que tengan remanente positivo puedan invertir» en servicios nuevos para su municipios y así reconocer su gestión «porque han ahorrado».

Beteta señaló que con esta iniciativa se consigue «inversión y también empleo», un objetivo «esencial» para el Gobierno.

El secretario de Estado subrayó que «los ayuntamientos se han portado bien en materia de déficit» a pesar de que «hubo un problema muy grande de impago masivo» por su parte hacia los proveedores.

De ahí que desde el Gobierno Central se hiciera un plan de pago a proveedores que «francamente ha sido espectacular» para erradicar los problemas de pago. En este sentido, Beteta explicó que el segundo plan de pago a proveedores que está preparando el Ministerio de Hacienda tendrá como objetivo la financiación de la «deuda» que «tienen las comunidades autónomas con los ayuntamientos».

«Ya es hora de que se saneen», añadió el secretario de Estado, y de que «el endeudamiento se anote a quien lo tiene que tener».

En cuanto a la reforma de la Administración Local, Antonio Beteta volvió a incidir en la premisa de «una administración, una competencia».

Beteta aseguró que «existen seis niveles de gobierno», algo que «no podemos permitirnos ni desde el punto de vista económico ni desde la eficiencia» porque su obligación es «escuchar a los ciudadanos y atender a sus reclamaciones».

Por su parte, el vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, subrayó el «momento clave de reformismo municipal» que está viviendo España y atacó las críticas del PSOE a una reforma «que está en pleno debate» y «ni siquiera es un anteproyecto de ley todavía».