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El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, lanzó ayer una advertencia clara al titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al asegurar que no es la «política» del Gobierno indultar a condenados por delitos contra la seguridad vial y ha señalado que el indulto al ‘kamikaze’ condenado a 13 años por provocar en 2003 un accidente que costó la vida a una persona es «un caso excepcional».

Fernández quiso dejar claro que «en el futuro» el Ministerio de Justicia, departamento encargado de conceder los indultos, deberá tener más cuidado y «estar más atento a algunas cuestiones».

Solidaridad

Así se expresó Fernández en una comparecencia en la sede nacional del PP, aunque tras preguntado al respecto matizó que en calidad de ministro de Interior es un «miembro del Gobierno» y, por tanto, «solidario con la decisión».

Pese a estas declaraciones, el Boletín Oficial del Estado ha publicado desde enero de 2012 hasta seis indultos a condenados por delitos contra la seguridad del tráfico dos más de los que se concedieron en toda la legislatura anterior, aunque lejos de los 18 indultos que concedieron entre 2004 y 2007 (coincidiendo con la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero) y los 313 otorgados entre el año 2000 y el 2004, estando en el Gobierno José María Aznar.

Investigación

La advertencia de Fernández llega mientras el PSOE manifiesta que la Fiscalía General del Estado debería investigar si ha habido tráfico de influencias en el indulto del Gobierno, al estimar que Gallardón se debería haber abstenido en esta decisión ya que su hijo trabaja en el bufete que defendió al condenado, el despacho de Uría y Menéndez, y puesto que el abogado que le defendió fue Esteban Astarloa, hermano de Ignacio Astarloa, diputado del PP.

Fuentes de la dirección socialista socialista, en declaraciones a Europa Press, han instado a la Fiscalía a «investigar de oficio» y «averiguar qué ha pasado con este indulto».

«Hay que estudiar e investigar en profundidad ese atisbo claro de tráfico de influencias», aseguraron.