Los ecologistas consideran que la inseguridad técnica y el pulso nuclear contra las nuevas tasas han causado el cierre de Garoña. | Efe

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Ecologistas en Acción aseguró ayer que «la inseguridad técnica y el pulso nuclear» contra las nuevas tasas sobre el combustible nuclear han acabado con la central de Garoña (Burgos). A juicio del grupo ecologista, Nuclenor, la propietaria de la planta, ha sacrificado Garoña para luchar contra la reforma fiscal impulsada por el Gobierno.
Y añade que en el pulso del sector nuclear contra el Gobierno «ha sido clave el temor a una posible avería que cause una parada larga de la central que impida la amortización de las inversiones».

Ayer, a las 23.00 horas, Garoña procedió a la parada programada de su reactor, una acción que -según su propietaria- no obedece a razones técnicas o políticas, sino económicas, al no poder soportar la nueva tasa que tramita el Parlamento y que, salvo cambios, supondría para Garoña el pago de 153 millones de euros al año si se encuentra operando el 1 de enero de 2013.

Como resultado, explica el comunicado de Ecologistas en Acción, el Partido Popular «incumple otro de sus compromisos electorales, como es la continuidad de la central (el PP era favorable a que continuara operando hasta el año 2019)» .

En un principio, la inseguridad técnica de Nuclenor ante «las más que probables averías de Garoña fue determinante para no aceptar la continuidad más allá de julio de 2013, pues los gastos para cumplir los requisitos del Consejo de Seguridad Nuclear, que incluyen las reformas post-Fukushima, ascienden a 150 millones», añade.
A su juicio, las condiciones de seguridad de la planta hacen «muy probable que aparezcan nuevos problemas que den lugar a largas y costosas reparaciones».

Impuestos a los residuos

El circuito primario presenta «un severo episodio de corrosión y la vasija del reactor podría sufrir de los mismos problemas de fisuras que la central de Doel 3, en Bélgica, fabricada por la misma empresa que Garoña.

El proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética -que el Pleno del Congreso debatirá el próximo jueves- contempla un nuevo impuesto de 2.190 euros por kilogramo de residuos de alta actividad que se deposite en la piscina de combustible gastado.