Justice workers shout slogans in defense of the Spanish public justice system and against the raise of court and registry fees in front of Madrid's main court December 12, 2012. Banner at back reads, "No to court fees. Justice for everybody". REUTERS/Andrea Comas (SPAIN - Tags: CIVIL UNREST BUSINESS) | ANDREA COMAS

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La vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles ha emitido un informe en el que considera inconstitucional la reforma del Código Penal promovida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, fundamentalmente en lo que se refiere a la prisión permanente revisable. También critica la nueva regulación de las medidas de seguridad por no establecer un límite máximo, y lo que «suscita mayores recelos es la custodia de seguridad», regulada «como una medida privativa de libertad a cumplir» tras la pena de prisión, lo que también «resulta de una cuestionable inconstitucionalidad».

Dudoso

Según el informe, «resulta cuanto menos dudoso que una privación de libertad potencialmente perpetua sea conciliable» con la reinserción contemplada en el artículo 25.2 de la Constitución. Recuerda en este sentido que «las penas privativas de libertad de carácter temporal no excluyen el reingreso del penado al entorno social» una vez cumplida la condena, «lo que no tendría lugar cuando se le aplicara la prisión permanente revisable».

Destaca que en su día el legislador impuso que las penas de la Corte Penal Internacional «no excedieran de la máxima admitida por nuestra legislación, a efectos del cumplimiento de tales penas en España», ya que «la reclusión a perpetuidad prevista en el catálogo de penas recogido en el Estatuto de la CPI no se consideró compatible» con la Constitución española. A su juicio, introducir esta medida «en el catálogo de penas privativas de libertad, reformar el actual sistema de medidas de seguridad y modificar el régimen jurídico establecido».