El Congreso ha convalidado con el voto del PP, UPyD y UPN el decreto que permite la suspensión de desahucios durante dos años, una norma a la que podrán acogerse un máximo de 120.000 familias y que ha sido criticada por toda la oposición por fijar unos criterios muy restrictivos para beneficiarse de ella.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha defendido en el debate parlamentario que ese colectivo potencial es una cifra «nada despreciable», así como la decisión del Ejecutivo de adoptar medidas urgentes para familias «vulnerables» mientras se negocian cambios legales de mayor alcance con el resto de partidos políticos.
Menos
No obstante, avanzó que el número final de hogares que se acogerán a la moratoria estará por debajo de 120.000, ya que en España las cifras de desahucios están lejos de esta cota. Hace diez días, el ministro cifró en 600.000, cinco veces más, el número de posibles destinatarios de la moratoria.
Para beneficiarse de la suspensión de un desahucio hay que tener una hipoteca sobre una única vivienda, cumplir cuatro requisitos económicos y pertenecer a alguno de los colectivos sociales identificados como más vulnerables (por ejemplo, ser familia numerosa, tener personas a cargo con una discapacidad superior al 33 por ciento o dependencia).
Además, el titular de Economía ha anunciado que el nuevo Fondo Social de Vivienda (FSV) ya tiene en cartera 6.000 viviendas aportadas por las entidades financieras y dio nuevos datos sobre la evolución del código de buenas prácticas de la banca. Hasta septiembre se han presentado 722 solicitudes, de las que 604 han sido resueltas.
1 comentario
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No parece equitativo el que se pueda recapitalizar una caja de ahorros con dinero público, mientras ésta desahucia a familias enteras, y que no se expropien los inmuebles de esas cajas endeudadas. Parecería más justo expropiar a las cajas endeudas y ceder esos pisos temporalmente, justificado por la emergencia, a esas familias.