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El Supremo ha fijado para el 1 de mayo de 2021 la fecha de cumplimiento de los 11 años de inhabilitación como juez impuestos a Baltasar Garzón por intervenir conversaciones en prisión entre imputados y abogados del caso «Gürtel», al computar el tiempo que estuvo suspendido cautelarmente por la memoria histórica.

Cuando se ejecutó la condena a Garzón, el Supremo calculó que la inhabilitación se prolongaría hasta el 3 de abril de 2022.
Garzón recurrió entonces, al constatar que, para hacer ese cómputo, el Alto Tribunal no tuvo en cuenta el tiempo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le mantuvo suspendido de forma cautelar cuando el Supremo le abrió una investigación por un delito de prevaricación en la instrucción abierta por los crímenes del franquismo, causa por la que finalmente resultó absuelto.

En un auto, difundido el pasado 13 de septiembre, la sala de lo Penal del Tribunal Supremo admitió este recurso, pero entonces no fijó la fecha exacta de cumplimiento porque tenía que dar traslado al fiscal, que finalmente no se ha opuesto a ese nuevo cómputo.

De este modo, el Supremo revocó el auto por el que el pasado 16 de mayo fijó la fecha de cumplimiento de la inhabilitación para el 3 de abril de 2022, y la sala encomendó a la secretaría judicial que elaborase «nueva liquidación de condena», en la que se tuviera en cuenta ese año de suspensión cautelar.

Ahora en un nuevo auto, del que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero y que se ha hecho público hoy, se certifica «correcta» la liquidación de condena de inhabilitación y «no habiéndose mostrado oposición a la misma, procede su aprobación».

Según el TS, la suspensión cautelar a Garzón por la causa de la memoria histórica se ejecutó del 17 de mayo de 2010 al 18 de abril de 2011, fecha en la que el CGPJ le volvió a suspender al decretarse la apertura de juicio oral por los delitos de prevaricación y violación de garantías constitucionales en el caso «Gürtel», primera de las causas por las que fue juzgado en el Supremo.

Al hacer esta constatación, el Supremo consideró que el recurso de súplica de Garzón, al que se opuso el abogado Ignacio Peláez -que fue quien le llevó a juicio por las escuchas de «Gürtel"-, «debe prosperar, pues en la liquidación de condena de once años de inhabilitación», que le fue impuesta por sentencia de 9 de febrero pasado, «se omitió el tiempo que estuvo suspendido provisionalmente».

El pasado 9 de febrero, el Supremo condenó a Garzón al considerar que, al ordenar la grabación de las conversaciones que el cabecilla de la trama «Gürtel», Francisco Correa, y su número dos, Pablo Crespo, mantuvieron con sus abogados en la cárcel de Soto del Real, adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados en prisión «sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable».

Dicha condena a 11 años de inhabilitación supuso la «pérdida definitiva» de la condición de juez del hasta entonces titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.