El ministro de Educación, José Ignacio Wert, durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión del Consejo de Ministros en la que se ha aprobado el anteproyecto de reforma de la enseñanza no universitaria. | Zipi

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El Gobierno ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de la reforma educativa, que pone fin a la selectividad, implanta evaluaciones finales nacionales al final de cada etapa y abre la puerta a las administraciones para concertar la financiación pública de colegios de enseñanza separada por sexos.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha presentado al Consejo de Ministros una propuesta articulada de la futura Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que modificará parcialmente la Ley Orgánica de Educación (LOE), de 2006, y supone reforzar Lengua y Matemáticas y suprimir Educación para la Ciudadanía.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha referido a ésta como «una de las principales reformas» previstas por el Ejecutivo.

Conexión aula-empleo

Sáenz de Santamaría ha explicado que los objetivos principales de la reforma educativa son fortalecer la formación integral de los alumnos y conseguir que el sistema educativo sea una plataforma mejor para conseguir un empleo.

«Queremos conectar el aula con el empleo», ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, quien ha subrayado que el anteproyecto supone poner en marcha una reforma «clave» para el sistema educativo y contribuirá a atajar uno de los principales problemas del mismo: el abandono y el fracaso escolar.

La LOMCE establece que el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se obtendrá tras superar una evaluación final, con pruebas diferentes para acceder al Bachillerato o la FP, según la opción elegida por los alumnos en el último curso; las calificaciones de la etapa tendrán un valor del 70 % y las de la prueba, del 30 %.

El Bachillerato se reduce a cinco vías (Ciencias e Ingeniería, Ciencias de la Salud, Humanidades, Artes y Ciencias Sociales), y también tendrá una evaluación final nacional (sustituye a la selectividad), con un valor del 40%, mientras que la nota media de la etapa tendrá un peso del 60%.

Los alumnos de Primaria pasarán una evaluación en tercero para la detección precoz de dificultades de comunicación lingüística y matemáticas, que podría suponer la repetición de curso si el resultado no es óptimo.

En sexto de esta etapa, otra evaluación con carácter informativo y orientador servirá para comprobar si han logrado las competencias y objetivos de la etapa y la viabilidad del tránsito a ESO.

Desaparición de Educación para la Ciudadanía

También en Primaria, la materia Conocimiento del Medio se desdobla en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, y desaparece Educación para la Ciudadanía, que en ESO es sustituida por un curso de la nueva Educación Cívica y Constitucional.
Los ciclos de Formación Profesional Básica sustituyen a los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial y pasarán a ser de dos años completos, considerados como educación básica, obligatoria y gratuita.

La FP media se «moderniza», según el Gobierno; habrá materias instrumentales adaptadas al sector profesional correspondiente y se facilita la continuidad en la superior a través de materias optativas.

En cuanto a las evaluaciones y pruebas de admisión, los alumnos que no las hayan superado (en cualquiera de las etapas educativas), o que deseen elevar las calificaciones obtenidas, podrán repetirlas en convocatorias sucesivas.

Concierto con centros que segreguen por sexo

Los centros educativos tendrán autonomía para diseñar e implantar métodos pedagógicos propios y los directores necesitarán acreditar la superación de un curso de formación específico.

Las administraciones educativas podrán concertar con centros de educación por sexos siempre que cumplan la convención internacional sobre la lucha contra las discriminaciones en la enseñanza.

El Ejecutivo propone «diálogo» para llegar a un acuerdo con las aportaciones de todos y el compromiso de alumnos, familias y profesores.

«Es fundamental que la reforma educativa sea sostenible en el tiempo -añade-, pues su éxito se medirá en función de la mejora objetiva de los resultados de los alumnos».