El rey Juan Carlos, junto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (3i), posa con los ministros antes de la reunión del Consejo que preside hoy en el Palacio de la Zarzuela. | Angel D

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El Consejo de Ministros ha certificado hoy, entre otras medidas, el alza del IVA -a partir del 1 de septiembre-, la bajada de la prestación por desempleo y la supresión en 2012 de la paga extra de navidad además de la reducción de días libres a los funcionarios.

La espectacular proporción del ajuste, equivalente, según el Ejecutivo, a 65.000 millones de euros en dos años y medio, ha hecho que la conferencia de prensa posterior al Consejo estuviera protagonizada, además de por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, por los ministros de Economía, Luis de Guindos, y de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Una de las medidas más esperadas era saber cuándo entraba en vigor la subida del IVA, decisión que el Gobierno ha

aplazado al 1 de septiembre.
Según Montoro, se ha elegido esta fecha para no «distorsionar» la actividad económica y por ser técnicamente la más operativa.

Trasvase de productos

El IVA no sufre sólo modificación en sus tipos general (pasa del 18 al 21 %) y reducido (del 8 al 10 %), sino que también se produce un trasvase de productos del reducido al general.

Así, transportes, hostelería y los bienes de la cesta de la compra se mantienen en el reducido, pero dan el salto al general actividades como cadenas de peluquería y estética, discotecas, servicios funerarios, espectáculos, gafas y lentillas.

Por su parte, el tipo superreducido, que grava con un 4 % productos como los alimentos básicos, no se tocará, según Montoro, para «no causar un especial perjuicio en el ámbito social».

El ministro también ha justificado el cambio de opinión del Gobierno en materia de impuestos y ha afirmado que sube el IVA «porque es obligado hacerlo» por las circunstancias, las recomendaciones y por la «prioridad absoluta» de reducción del déficit.

En cualquier caso, ha asegurado que en cuanto sea posible «se compensará» este sacrificio, como ya se empezará a hacer el año próximo con la bajada de las cotizaciones sociales un punto y otro punto adicional en 2014.

Además, ha recordado que el 1 de enero de 2013 se suprimirá la deducción fiscal por adquisición de vivienda, al igual que el tipo superreducido del 4 % para la compra de nueva vivienda, que pasará al reducido, del 10 %.

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Dentro del impuesto de sociedades, se produce un incremento transitorio de los pagos fraccionados, al elevarse el importe mínimo del 8 al 12 %.

Funcionarios

En cuanto a la función pública, Montoro ha anunciado que los funcionarios perderán tres días de los seis de libre disposición que poseían y se quedarán también sin los días libres adicionales en función de su antigüedad.

Asimismo, los funcionarios no recibirán en 2012 la paga extra de Navidad, que a partir de 2015 se ingresará en un plan de pensiones, una supresión que se aplicará a todo el conjunto del sector público y a todas las Administraciones Públicas.

Por otra parte, los nuevos parados verán reducida su prestación por desempleo a partir del séptimo mes, al pasar del 60 % al 50 % del cobro de la base reguladora, aunque no se modificará la duración máxima de esta ayuda, 24 meses.

El Consejo de Ministros también ha aprobado un nuevo ajuste en las partidas de los departamentos ministeriales de 600 millones de euros para este año.

«Sacrificios importantes»

Durante su intervención, Sáenz de Santamaría, ha indicado, con un tono afligido, que los esfuerzos de consolidación fiscal van a suponer «sacrificios importantes» para los ciudadanos en uno de los momentos «más traumáticos, dramáticos y difíciles» de la historia reciente.

La vicepresidenta ha admitido que son medidas «que no son sencillas, fáciles ni populares», ya que se está pidiendo «a muchísimos españoles que están en una situación ya complicada sacrificios importantes para sacar adelante el país».

El ministro de Economía, Luis de Guindos, también ha informado de la creación de un fondo para cubrir las necesidades de financiación de las comunidades autónomas, que se han estimado en un máximo de 18.000 millones de euros, de los que 6.000 millones vendrán de un préstamo de Loterías del Estado.