Así se recoge en la Memoria anual de la Audiencia Nacional correspondiente al año 2011, en la que la Sala de Gobierno de este tribunal detalla que actualmente en los seis juzgados de instrucción se investigan 41 causas de este tipo de criminalidad que suelen resultar «macroprocesos de especial magnitud y complejidad».
El documento no recoge todavía las recientes denuncias y querellas presentadas contra los exdirectivos de entidades bancarias como Bankia, Novacaixagalicia o el Banco de Valencia, que aún están a la espera de ser admitidas o no a trámite.
Las que sí se están investigando en la Audiencia Nacional son las que se siguen contra los ex directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y de Caja Castilla La Mancha (CCM).
Dentro de las causas económicas que se instruyen en este tribunal, destacan los «más de 3.000 tomos» de sumarios que hay en el Juzgado Central de Instrucción número 5, donde se investiga la red empresarial de Nueva Rumasa o el presunto desvío de fondos a través de un entramado de empresas vinculadas a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).
Los sumarios de las tramas de Fórum Filatélico y Afinsa instruidos en el Central 1 y en el 5 reflejan la magnitud de estas investigaciones: con 400 tomos, 500.000 perjudicados y 418 personados.
Este incremento de asuntos de delincuencia económica nacional e internacional, de gran trascendencia tanto para el sistema económico como para los ciudadanos, es uno de los argumentos que esgrime en la Memoria la Sala de Gobierno contra algunas voces, «muy autorizadas», que creen que la Audiencia carecerá de sentido cuando desaparezca ETA.
Por ello, entiende que se debe precisar mejor el concepto material de defraudaciones, con objeto de perfilar qué se entiende por «producir grave repercusión en el tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio material en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia», ambos requisitos que fija la ley en las competencias de este tribunal.
Precisamente, el pasado 7 de junio se acordó crear una comisión de trabajo para elaborar una «hoja de ruta» sobre una redefinición de las competencias de la Audiencia Nacional que permita trabajar de una manera más eficiente y dar una respuesta centralizada a las nuevas formas de crimen organizado.
Con la creación de dicha comisión de trabajo que ha empezado a funcionar esta semana, los magistrados pretenden perfilar mejor «la razón de ser» de la Audiencia Nacional y sus competencias mejorando la cooperación jurídica con otros países.
Prueba de esta colaboración, según los datos de la Memoria, son las 1.476 órdenes europeas de detención y 195 comisiones rogatorias que se tramitaron en los juzgados de instrucción durante 2011, año en el que la sala de lo penal resolvió 1.040 extradiciones y órdenes de arresto.
Los efectos de la crisis también se han notado en la sala de lo social, cuyas competencias se han incrementado notablemente al tener que ocuparse del control de las resoluciones administrativas de los expedientes de regulación de empleo, suspensión del contrato y reducción de jornada, derivadas de causas económicas o técnicas cuando tenga efecto en más de una comunidad.
Respecto a la sala de lo contencioso-administrativo, el texto señala que el año pasado resolvió 7.052 asuntos frente a los 6.948 del anterior, si bien la pendencia aumentó ligeramente debido al incremento y la complejidad de los casos que tramitaron.
Entre esos asuntos, detalla la Memoria, figura la demanda de la Agencia de Protección de Datos contra Google por el denominado «derecho al olvido» en Internet o las apelaciones contra el cierre de páginas web en litigios por la protección de la propiedad intelectual.
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