Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, ayer en el pleno de control al Gobierno. | Efe

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El ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, ha precisado este martes en un receso del Pleno del Congreso de los Diputados que el nuevo mecanismo que se aprobará este viernes para garantizar el pago de facturas pendientes a proveedores pasará por un «consorcio bancario» en el que estén tanto el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como diferentes entidades bancarias.

En declaraciones a los medios, el ministro ha señalado que el modelo definitivo en el que se trabaja junto con el Ministerio de Economía busca la «fórmula más económica para el Estado», lo que «pasa por un consorcio bancario con la presencia del ICO», pero también contando con «el compromiso y la gestión de las entidades bancarias españolas», que son las que pueden garantizar una «movilización de recursos mucho mayor» de la que hasta ahora se ha podido realizar a través de las líneas ICO.

Aunque no ha precisado la cantidad de dinero que se aportará a este mecanismo sino que se ha limitado a decir que será una «cantidad importante», Montoro ha garantizado que no impactará en el déficit público «excepto en un pequeño apartado de afloramiento de facturas no reconocidas en contabilidad», por lo que ha confirmado que la cifra definitiva se acercará a la adelantada en diciembre del 8%.

«No estamos ante un nuevo afloramiento de déficit público, sino ante el reconocimiento de una deuda pendiente de pagar», ha insistido.

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EN TODAS LAS ADMINISTRACIONES

Una deuda que está presente en todas las comunidades autónomas y corporaciones locales, según el ministro, rechazando las declaraciones de «algunos dirigentes en algunos territorios de que allí no hay facturas».

Así, ha subrayado que «basta con ir a algunos territorios para escuchar las quejas, muy fundamentadas, de quienes no están cobrando», y ha recordado que la morosidad de las entidades públicas, «que es muy alta, está provocando muchísimas dificultades en el mundo económico, en las pymes y en los autónomos», provocando de hecho «muchos cierres de empresas que no pueden refinanciarse en los bancos».

«Le damos un gran valor a la inyección económica de recursos para emprendedores, que tendrá una gran importancia porque detrás hay multitud de pymes, de autónomos y de grandes empresas proveedoras de servicios públicos, fundamentalmente de sanidad pública», ha defendido, concluyendo que esta medida avanzará en la «recuperación de la imagen de España».