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El secretario Acción Sindical de CC.OO., Ramón Górriz, y el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, han anunciado que ambos sindicatos han acordado con otras organizaciones sociales convocar concentraciones en toda España para este miércoles, 31 de agosto, y el jueves, 1 de septiembre, contra la reforma constitucional propuesta por PSOE y PP para fijar un límite de déficit público.

Asimismo, convocarán una manifestación en Madrid para el 6 de septiembre, víspera de la fecha prevista para el debate de la norma en el Senado, según se ha acordado tras una reunión de ambos sindicatos con otras trece organizaciones, entre las que figuran la Unión Sindical Obrera (USO), Sindicato de Estudiantes de España, 'Plataforma 2015 Y +', Consejo de la Juventud, 'Paz Ahora' y Coordinadora de ONG's de España, Socialismo 21 o Adicae.

Las organizaciones han explicado que las fechas de las movilizaciones de esta semana se fijarán definitivamente tras discutir con otras organizaciones y «ciudad por ciudad» la manera en que se articularán de la mejor forma, pues la voluntad es que las manifestaciones sean «unitarias».

La reforma tendrá mañana su primer debate parlamentario en el Congreso, que la volverá a votar para remitirla al Senado el viernes, día 2. Asimismo, sindicatos y organizaciones se han comprometido a apoyar cualquier movilización convocada con estos mismos objetivos. al tiempo que han apostado por campañas de recogida electrónica de firmas contra la reforma y para pedir un referéndum.

El objetivo de estas protestas es conseguir que los Grupos Parlamentarios se opongan a la reforma y, en caso de que se apruebe, que se convoque un referéndum para que la ciudadanía pueda dar su opinión.

Todos los asistentes a la reunión han consensuado un documento en el que expresan su preocupación ante una «decisión muy grave» de PSOE y PP que pone en riesgo el tejido social español, que además se ha planteado de una forma «inaceptable» y con «nocturnidad y alevosía».

«Con esa actitud se pillan números para generar el conflicto social», ha advertido Górriz, quien ha señalado que los parlamentarios, en tanto representantes de los ciudadanos, saben que hay un «clamor que está en contra» de la reforma.

Recorte del estado de bienestar

Por su parte, Ferrer ha recalcado el respeto de los sindicatos por la «autonomía» de diputados y senadores, pero ha incidido en que los ciudadanos tendrán muy presente qué formaciones han apoyado la reforma negando el referéndum.

«El conflicto está ahí, y es difícil prever qué consecuencias se van a producir», ha advertido Ferrer, que ha añadido que con la reforma de la Carta Magna «se pretende dejar amarrado para el futuro el recorte del Estado del Bienestar.

A su juicio, la reducción de déficit que se plantea sólo es posible si se deteriora el tejido social y se «atacan los intereses de trabajadores, jóvenes y mujeres». Además, plantea, según Ferrer, una grave limitación al autogobierno en el conjunto del país y constituirá «una amenaza permanente para prestaciones e instituciones».

Para los representantes sindicales, esta reforma es un «paso más de la deriva de recortes sociales y laborales» emprendida por un Gobierno «que está ya acabado».