Rajoy recuperará, en caso de que gobierne, el Ministerio de Agricultura, «que estaría más tiempo en Bruselas que en Madrid». | Carlos Diaz

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Veinticuatro horas después de que el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pidiera una «reforma exprés» de la Constitución para limitar el déficit, muchos diputados y dirigentes del PSOE se han mostrado abiertamente contrarios.

Antonio Gutiérrez, quien no repetirá como diputado del PSOE, se ha sumado a las dudas sobre la forma y el fondo de esta reforma constitucional, que han cuestionado ya los tres diputados de la corriente Izquierda Socialista: Juan Antonio Barrio de Penagos, José Antonio Pérez Tapias y Manuel de la Rocha.

Junto a ellos, el expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell, que fue candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, dijo que no comparte la propuesta de fijar un tope de déficit en la Constitución que y no entiende «qué ha cambiado» para que el Gobierno plantee una medida que hasta ahora rechazaba y que, de aprobarse, espera que se someta a referéndum.

«O me apoyas o me hundes»

Gutiérrez ha arremetido duramente contra el Gobierno de Zapatero por poner de nuevo al grupo socialista en una brete: «O me apoyas o me hundes», opinó quien fuera secretario general de CCOO, para quien esa disyuntiva dinamita el debate de ideas sobre el contenido de la reforma.

Convencido de que es «una auténtica barbaridad» que Zapatero asuma los planteamientos de la canciller alemana, Angela Merkel, Gutiérrez cree que limitar el déficit en la Carta Magna es un camino «profundamente equivocado», que postergará sine díe la gobernanza económica europea.

El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, aseguró no entender por qué tanta prisa en acometer la reforma de la Constitución, si el límite de déficit que pretende fijarse no se aplicará en principio hasta 2018

Entre el resto de formaciones, el PNV ve «con muchísima reticencia» la propuesta del Gobierno. A su juicio, la iniciativa es buena en el fondo, pero «puede resultar enormemente problemática convertida en una norma constitucional» porque «privaría a las administraciones públicas de una herramienta» muy útil.

Por su parte, CiU anunció que apoyará la reforma constitucional si «la soberanía sobre el límite de déficit público» en Catalunya recae en el Parlament.