Dos refugiados cubanos por intermediación de la Iglesia católica a su llegada a Madrid en agosto de 2010. | Efe

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Una de cada tres de las personas a las que el Gobierno concedió el año pasado el derecho de asilo o la medida de protección subsidiaria fueron disidentes cubanos o familiares suyos, después del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo de Cuba y la Iglesia Católica de la isla, con el apoyo de España.

El Gobierno concedió el año pasado la condición de refugiado o alguna medida de protección a 613 personas -de las cuales 216, el 35 por ciento, eran disidentes cubanos o familiares suyos-, lo que supone un aumento del 79,7 por ciento con respecto a las 341 que lo consiguieron en 2009.

De esas 613 personas, 350 no fueron reconocidas estrictamente como refugiados, pero sí se les concedió la llamada protección subsidiaria, un régimen jurídico más flexible que el de refugiado, según los datos recogidos en el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior correspondiente a 2010.

El derecho de asilo se concede a las personas que, debido a fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentran fuera de su país y no pueden o, a causa de dichos temores, no quieren acogerse a la protección del mismo.

Por países de procedencia, además de los originarios de Cuba, las personas a las que se reconoció el derecho de asilo venían de Palestina (91), Somalia (39), Paquistán (38), Colombia (33), Costa de Marfil (28), Afganistán (21), Rusia (17), Sri Lanka (15), Argelia (14), Honduras (9), República Democrática del Congo (8) y Guinea Ecuatorial, Irán, Irak y Marruecos (6 de cada país).

Otros países de procedencia son México, Togo y Uzbekistán (5), Azerbaiyán, Haití y Venezuela (4), Armenia, Bangladesh, Bolivia, China e India (3), Angola, Etiopía, Georgia, Serbia y Siria (2), así como Bielorrusia, Gambia, Guatemala, Jordania, Mali, Nigeria y Ruanda (1).

El Ministerio del Interior firmó 1.638 resoluciones desfavorables a la concesión del derecho de asilo en 2010, un 28 por ciento menos que las 2.284 de 2009.