El Congreso dio ayer luz verde, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que prohíbe la venta de alimentos y bebidas con alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares.
Los niveles permitidos de estas sustancias en la bollería, las chucherías o los refrescos que se suministren en las escuelas infantiles tendrá que fijarlos ahora el Gobierno mediante un desarrollo reglamentario de la ley.
Los grupos parlamentarios rechazaron una enmienda aprobada en el Senado, que incorporaba el término «añadidos» a los azúcares.
La nueva norma obliga también a los centros escolares a elaborar menús especiales para celíacos (intolerancia al gluten) al incorporarse una enmienda del Senado.
Objetivos
La ministra de Sanidad, Leire Pajín, aseguró durante el debate que la ley tiene como objetivo fortalecer la salud pública y la seguridad alimentaria, pone el acento en la prevención y en la precaución, y refuerza la coordinación entre todas las administraciones públicas.
La ley, según la ministra, «encaja perfectamente» en el engranaje autonómico en materia de seguridad alimentaria y refuerza la colaboración y la cooperación entre las diferentes administraciones públicas.
La ministra incidió en que los objetivos de la ley tratan, además, de generar estrategias que fomenten la promoción de la salud, así como asegurar un nivel elevado de salud en relación con los alimentos que ingerimos.
La titular de Sanidad rechazó, como critica el PP, que la ley sea intervencionista, sino que insta a la sociedad a tener mejores pautas de comportamiento y a los centros educativos a que cumplan en su papel educador y sensibilizador. «Es una de esas leyes que merece mucho la pena aprobar», subrayó Pajín.
En la lucha contra la obesidad, la normativa exige menús infantiles que respondan a un correcto equilibrio nutricional y vela también por impulsar la actividad física.
Con el objetivo de disponer de información, se prevé la creación de un observatorio de la nutrición y de estudio de la obesidad, que obtendrá los datos de la realidad existente.
La ley incide además en el establecimiento de procedimientos de actuación en supuestos de crisis o emergencias, así como en la exigencia de que la publicidad sobre alimentos sea «veraz y exacta».
1 comentario
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que miedo dan! empiezan con esto y acabaran diseñando una dieta.