Tarjetas rojas de 'indignados' contra las Corts valencianas. | HEINO KALIS

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La Fiscalía ya ha abierto diligencias para investigar los actos violentos que ayer protagonizaron algunos de los «indignados» de Barcelona, con insultos y ataques a diputados a los que trataron de impedir su acceso al Parlament. El Govern reconoció ayer fallos en el dispositivo para la seguridad de los diputados durante el asedio de ayer al Parlamento catalán e incluso el conseller Felip Puig pidió disculpas, aunque centra sus críticas en los «profesionales del incidente», en los que recaerá un «castigo ejemplar».

Recuperada ayer la normalidad en la Cámara catalana, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el conseller de Interior, Felip Puig, hicieron autocrítica al admitir que el dispositivo de ayer se quedó «corto» y hubo «insuficiencias» a la hora de proteger la entrada de los diputados. Por contra, los 'indignados' han preferido callar para dar una respuesta hoy, después de que la Generalitat prometiera que buscará un «castigo ejemplar» para los que miércoles coaccionaron a los diputados.

Causa judicial

De entrada, el Parlament y el Ayuntamiento de Barcelona ya han decidido que se personarán en la causa judicial contra los 'indignados' violentos que ayer agredieron y coaccionaron a algunos diputados del Parlament. El presidente catalán, Artur Mas, denunció que los violentos actuaron siguiendo el modelo de la «kale borroka» y se portaron como «auténticos cafres», por lo que vaticinó que habrá más detenciones -por ahora hay siete y diez identificaciones-.

Mas reconoció que el dispositivo policial de ayer se montó pensando en una protesta «pacífica» de los «indignados» y no en una «kale borroka» contra los diputados. Puig hizo también autocrítica al reconocer que hubo fallos en el operativo para proteger a algunos de los diputados -que fueron insultados, zarandeados y acosados-, si bien destacó que sí se lograron los dos objetivos prioritarios, que eran blindar el Parlament y que se pudiera celebrar el pleno de los presupuestos.

Puig se escudó en la falta de agentes para llegar a todas partes, ya que el dispositivo estaba al límite porque «estaban todos los recursos ocupados» al tener que proteger un perímetro de cuatro kilómetros. Ante las críticas de los partidos de la oposición al dispositivo, Puig, que ya ha pedido comparecer en la Cámara catalana para dar cuenta de la operación, afirmó que si los Mossos d'Esquadra no actuaron con más dureza contra los violentos fue para evitar un «mal mayor», ya que entre los «indignados» había «profesionales del incidente» que actuaron como una «guerrilla urbana» y que tenían unas «ganas feroces» de que se desatara una «batalla campal».